Personal perteneciente al Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires allanó ayer diferentes sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), así como también de la droguería Suizo Argentino.
La medida fue ordenada por la Justicia, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas coimas cobradas por funcionarios del Gobierno nacional.
En tanto, santiagueños con discapacidad y familiares se congregan a diario en pasaje Lorenzo Lugones N° 71, lugar donde funciona la oficina de Andis en nuestra provincia. ¿El motivo principal? Tomar conocimiento sobre la situación de sus respectivas pensiones, muchas de ellas dadas de baja luego de auditorías.
Anabel –48 años, ama de casa– aseguró que inició hace más de un año y medio la gestión de su pensión. "Soy discapacitada porque me dializo tres veces a la semana. Hace más de un año y medio que estoy esperando. Desde diciembre de 2024 que me dicen que está todo en revisión médica", comentó a Nuevo Diario.
Anabel aguarda un trasplante de riñón. En Andis atiende una sola persona, la cual se ocupa de responder las inquietudes de los allegados. "Me dicen: 'Venite en dos meses, venite en dos meses…', y pasa el tiempo... Necesito (la pensión para) que me dialicen no solamente en el hospital (público), sino en algún privado. También para las ambulancias, porque me manejo en moto tres veces por semana. Vengo a ver qué solución me dan", amplió.
Tras el cambio de gestión, muchas pensiones pasaron a revisión. "Había una paciente que se estaba dializando conmigo. De diciembre la pasaron para marzo, pero no llegó a cobrar. Falleció. Nuestro problema de salud es así; vivimos gracias a una máquina. La última vez les he dicho: '¿Esperan a que una se muera?'", recordó.
Natalia hizo la fila junto a su hijo con autismo de nueve años. "He presentado los papeles de él, pero hace dos años que no tengo respuesta. Vengo todos los días, después de que lo llevo a sus terapias. Vengo, y nada… Esto es de todos los meses", lamentó en diálogo con este medio.
La también ama de casa necesita cobrar la pensión para que su pequeño pueda cumplir con sus terapias y reciba apoyo interdisciplinario en la escuela donde estudia. "Son muy caras. Necesito que él tenga su maestra integradora porque sino en los colegios públicos no te reciben. Me reducen las horas y él no aprende. No tiene tolerancia en el banco, es muy disperso, no copia las tareas. Tengo que acatar las órdenes de los colegios", contó.
El hijo de Natalia no sabe leer, pero está aprendiendo a escribir. Concurre a Sonckoy Manta, una asociación donde pregonan por los derechos de las personas con discapacidad de Santiago del Estero.
Ambas entrevistadas coincidieron en que continuarán insistiendo, a pesar del oscuro panorama.
