Ariel Enríquez, secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (16° Distrito – Santiago del Estero), advirtió ayer –en diálogo con Nuevo Diario– que "el panorama de la infraestructura vial en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes".
En rigor, Enríquez analizó las consecuencias del Decreto 253/26: desde el Gobierno nacional habilitaron a un grupo de provincias (Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz) a concesionar tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos.
Según el secretario, no se trata de "una medida aislada, sino del punto culminante de un proceso de vaciamiento y quita de funciones del organismo".
"La transferencia de la gestión vial y la percepción de peajes a las jurisdicciones provinciales representa un quiebre en la estructura nacional. Esta medida debilita el carácter federal del país, generando un perjuicio directo sobre la economía nacional y profundizando las desigualdades entre las provincias, que ahora deberán hacerse cargo de trazados que antes garantizaba la Nación", señaló.
En ese sentido, el también miembro del consejo directivo de la Federación acusó que "no hay mejor forma de demostrar que un organismo es ineficiente que desfinanciándolo".
"La denuncia describe un estado de parálisis operativa alarmante por falta de presupuesto: la repartición carece hoy de insumos básicos como cubiertas o baterías para maquinaria pesada. Esta carencia tiene un impacto logístico inmediato: si un equipo se rompe, queda abandonado en el taller", expuso.
De acuerdo con el gremialista, "la falta de mantenimiento no es solo un problema de máquinas, sino de vida: según informes del sector, entre el 60% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado 'regular o malo', lo que afecta directamente la seguridad vial de millones de usuarios".
Solo durante el último mes, Vialidad Nacional sufrió la pérdida de 630 profesionales, entre ingenieros, contadores y maquinistas especializados (algunos se acogieron a retiros voluntarios).
"Es mano de obra calificada muy difícil de recuperar. A esta pérdida de capital humano se le suma un conflicto salarial que ya arrastra dos años sin actualizaciones ni mesas paritarias, dejando a los trabajadores con sueldos congelados en un contexto de alta inflación", lamentó.
El foco en Santiago del Estero
Enriquez puso especial énfasis en la situación local y mencionó el impacto negativo en las rutas concesionadas de Santiago del Estero: Ruta Nacional 34, en el tramo que va desde La Banda hasta el límite con Santa Fe, y Ruta Nacional 9, en el tramo que va desde la Capital hasta el límite con Tucumán.
"La experiencia de privatización en estos tramos ha sido deficiente. El plan oficial consistía en sumar más cabinas de peaje en lugar de garantizar la inversión estatal. El Gobierno nacional ha retenido fondos específicos destinados a la infraestructura vial por un monto superior a los $1,1 billones entre los años 2024 y 2026. Los impuestos específicos se están cobrando en el combustible, pero no se vuelcan a las rutas. Si el dinero se desvía, los argentinos deberían pagar un combustible más barato, ya que el impuesto no está cumpliendo el fin legal para el que fue creado", concluyó.
