En una extensa entrevista con Nuevo Diario, las delegadas de ATE en el INTA Santiago del Estero, Rita Luna y María Lucrecia Ávila, trazaron un diagnóstico crítico sobre la situación que atraviesa el organismo a nivel local y nacional, marcado por la incertidumbre, el recorte de recursos y decisiones que —según denunciaron— ponen en riesgo tanto las fuentes laborales como el rol estratégico de la institución.
Uno de los puntos más sensibles es la posible venta de tierras del campo experimental ubicado en La María. De acuerdo con lo que indicaron, la preocupación creció tras la reciente visita de un representante del Consejo Directivo Nacional, quien les habría confirmado que la medida ya está definida. "Nos manifestaron que es una decisión tomada, y eso nos genera aún más alarma porque no hay información clara ni procesos transparentes", señalaron.
En ese sentido, cuestionaron con dureza el funcionamiento del organismo a nivel central. "No conocemos cómo se toman estas decisiones. No hay actas públicas ni informes de auditorías disponibles. Todo esto genera una gran nebulosa", remarcaron.
El Campo Experimental cuenta con unas 7.500 hectáreas, fundamentales para el desarrollo de investigaciones adaptadas a las características del territorio santiagueño. Sin embargo, las propuestas en análisis apuntarían a reducir drásticamente esa superficie. "Se habló de dejar solo 500 hectáreas. Luego hubo una contrapropuesta de alrededor de 1.847, pero nosotros creemos que hay que defender la totalidad del campo", afirmaron.
Para las delegadas, la pérdida de estas tierras no solo implica un recorte físico, sino también simbólico y productivo. "Aquí trabajamos sobre el monte, sobre nuestras condiciones, sobre nuestra identidad productiva. Si se pierde eso, se pierde conocimiento y futuro", explicaron.
A este escenario se suma una profunda crisis operativa. Según relataron, actualmente no cuentan con fondos para combustible, viáticos ni mantenimiento de vehículos, lo que impide realizar tareas básicas. "Hoy no podemos salir al campo. No tenemos los recursos mínimos para trabajar", aseguraron.
La situación salarial tampoco escapa a la problemática. Denunciaron incertidumbre en los pagos y la eliminación de adicionales como el presentismo, que afecta especialmente a los trabajadores con menores ingresos.
En paralelo, crece la preocupación por posibles despidos encubiertos a través de retiros voluntarios. "Se genera un clima de presión constante. Muchos compañeros ya se fueron por la incertidumbre", señalaron.
Las delegadas también hicieron referencia a un contexto más amplio de ajuste dentro del Estado nacional. "Se priorizan controles antes que el trabajo productivo que siempre realizamos", expresaron. Por otra parte, confirmaron que el conflicto es parte de gestiones ante la Cámara de Diputados de la provincia y podría ser tratado en las próximas sesiones.
