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La Provincia

Fuerte operativo de la Provincia para secuestrar soja a los usurpadores de tierras fiscales

El Gobierno santiagueño avanzó con el secuestro de toneladas de soja y maíz obtenidas en tierras fiscales. Los foráneos desobedecieron las órdenes judiciales y enfrentarán nuevas causas penales.

El hecho se inició cuando las autoridades de la Fiscalía de Estado detectaron una flagrante desobediencia judicial en lo más profundo del norte santiagueño. Ocupantes foráneos, apostados estratégicamente en los puntos críticos de los departamentos Copo y Alberdi, ignoraron por completo las prohibiciones de desmonte y continuaron lucrando con las tierras de todos los santiagueños.

Fue entonces que el Gobierno de la Provincia ejecutó una nueva fase de los operativos de protección patrimonial y ambiental. Bajo la firme coordinación del fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, las comitivas oficiales irrumpieron en los predios para hacer efectivas las sentencias de embargo y secuestro de una inmensa cantidad de soja y maíz, producida de manera totalmente ilegal por estos usurpadores.

 

Cortar de raíz el negocio clandestino

Según su relato, los infractores persistieron en la explotación clandestina, mofándose de las directivas emanadas por la Justicia local. Frente a este atropello, la comitiva interinstitucional incautó la totalidad de la producción obtenida en infracción. Esta maniobra busca asestar un golpe económico definitivo y cortar de raíz la mecánica de enriquecimiento ilícito a expensas de los recursos públicos.

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El contundente procedimiento se llevó a cabo con un equipo especializado de abogados de la Fiscalía, integrado por el Dr. Rodrigo Martorell Enrico y el Dr. Matías De la Rúa. A ellos se sumaron los oficiales de justicia, personal técnico de las Direcciones de Tierras y Agricultura, y un fuerte despliegue de efectivos de la Policía Provincial, quienes garantizaron el estricto cumplimiento de las leyes vigentes en el terreno.

 

Advertencia final para los foráneos

Desde la repartición gubernamental lanzaron un mensaje que no deja margen para dudas. Aseguraron que no tolerarán "ningún tipo de desacato" a las órdenes de los magistrados provinciales y confirmaron que ya evalúan nuevas e inminentes acciones civiles y penales. Para cerrar, los funcionarios dejaron en claro que este "cerrojo legal" contra la ocupación continuará sin descanso durante todo el año 2026.

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