María Bayá Casal, secretaria de la Federación Argentina de Organizaciones Sin Fines de Lucro de y para Personas con Discapacidad, advirtió ayer –en diálogo con Nuevo Diario– que "la situación de las personas con discapacidad, las familias y quienes brindamos servicios es angustiante".
"No quisiera decir 'terminal', porque no perdemos la esperanza. Trabajaremos para continuar brindando los acompañamientos. Ni las familias ni nosotros estamos habituados a abandonar las luchas. De esto estamos formados, de superar adversidades", aseguró.
Respecto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, Bayá Casal acusó que "el Estado no cumple con la ley aprobada dos veces, en cada cámara; vetada y vuelta a aprobar".
"El Poder Judicial es quien tiene ahora las mayores responsabilidades. El Legislativo ya se expidió. El Ejecutivo no acata. Queda el Poder Judicial como última alternativa", expuso.
Sobre la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, la secretaria consideró que "fue durísimo para todos".
"Veníamos trabajando una ley que permitiera seguir con los servicios y que acomodara el tema 'pensiones', siendo maltratados y despreciados por la política. Y resulta que no solo era un desprecio en las palabras, sino también en los actos. Es increíble que quienes tienen responsabilidades públicas en un área tan sensible resulten ser recaudadores de la corrupción", denunció.
En ese sentido, la representante de Organizaciones No Gubernamentales (región Centro) en el Consejo Federal de Discapacidad entendió que "el Gobierno simplemente pone en práctica su programa", es decir, "su ideario anarcocapitalista".
"En esto no hay doble discurso. Es un modelo socioeconómico, con el que hicieron campaña y la sociedad lo consideró como salida, legitimándolo en las legislativas", señaló.
Actualmente, PAMI mantiene una deuda que supera los $500.000.000.000 con sus prestadores (clínicas, sanatorios y laboratorios).
"La pregunta es: '¿Qué hace que el pueblo argentino apoye este modelo?'. Todos, por lo bajo, escuchamos que hay una injusticia en que alguien pueda jubilarse con moratoria, que una persona con discapacidad reciba una pensión, que la salud o la educación sean consideradas derechos de acceso universal. Más allá de quienes gobiernan, de sus pujas internas que se reducen a la caja y al déficit fiscal, hay una sociedad que espera y necesita respuestas", manifestó.
Consultada por el futuro de las personas con discapacidad, las familias y quienes brindan servicios, la directora de la Fundación Nano analizó: "No soy optimista, por lo mismo que cité: por el cambio de percepción social, por la falta de vínculos sociales que nos ayuden a ponernos en los zapatos del otro".
Para Bayá Casal, "el límite lo pone la misma sociedad"; sin embargo, "no sé si estamos despiertos".
"Espero que la reacción social y política llegue, sin necesidad de estallido".
Por último, la entrevistada dejó un mensaje: "A las familias, todo el respeto del mundo. Es difícil hacerse cargo de una persona con discapacidad y, además, comprometerse en el ruedo de las luchas sociales. El esfuerzo es enorme. Solo les recordaría que no están solas, que el año 2025 fue el que logró poner este tema en agenda. Quienes brindamos servicios, vamos a estar en pie, porque esto no es un empleo solamente… Es mucho más, es una manera de plantarnos en la vida. No importa si somos transportistas, profesionales o acompañantes, conocemos el valor de cada una de las personas que tratamos cada día, más allá de su condición".
