La concejal Gabriela Ortiz, integrante del Frente Cívico por Santiago, se pronunció sobre el cierre del programa “Volver al Trabajo” y manifestó su preocupación por las consecuencias sociales que podría generar la medida. En declaraciones recientes, la edil sostuvo que la decisión representa un retroceso en materia de inclusión y acompañamiento a sectores vulnerables.
“El cese del programa Volver al Trabajo nos genera una profunda preocupación. Como militante del Peronismo, creo que el Estado debe estar presente para acompañar a quienes más lo necesitan. Estas políticas no son un gasto, son una inversión en inclusión, dignidad y oportunidades”, afirmó Ortiz. En esa línea, consideró que la eliminación del plan deja desprotegidas a miles de personas que se encontraban en proceso de reinserción laboral.
Para la concejal, el programa cumplía una función social clave al brindar un ingreso que permitía sostener trayectorias de capacitación y trabajo comunitario. “Su eliminación implica retroceder en derechos y desproteger a miles de personas que estaban en proceso de reinserción laboral”, remarcó, al tiempo que insistió en la necesidad de fortalecer —y no reducir— las herramientas de contención en un contexto económico adverso.
En relación con el impacto concreto en las economías familiares, Ortiz fue categórica al señalar que la medida tendrá consecuencias inmediatas. “Es inmediato y muy perjudicial. Muchas familias dependían de ese ingreso para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos o servicios”, explicó. A su entender, la supresión del beneficio profundiza las dificultades de sectores que ya enfrentan una situación de fragilidad.
Asimismo, subrayó que la problemática trasciende lo estrictamente presupuestario. “No se trata solo de números, sino de la vida cotidiana de vecinos y vecinas que ven afectada su estabilidad”, expresó. En ese sentido, consideró que la quita de este tipo de herramientas agrava la desigualdad y amplía la brecha social en un escenario económico complejo.
Por otro lado, la concejal se refirió a los préstamos otorgados a funcionarios y legisladores cercanos al espacio libertario que gobierna el país. “En contraposición, resulta preocupante y genera un fuerte rechazo la asignación de créditos millonarios a sectores vinculados al poder. Mientras se recortan programas sociales, se facilita el acceso a recursos financieros a funcionarios y legisladores cercanos al oficialismo”, sostuvo.
Para Ortiz, esta situación plantea un problema de equidad y transparencia en la administración de los recursos públicos. Según expresó, la contradicción entre el ajuste a programas sociales y la concesión de beneficios financieros a sectores ligados al poder requiere un mayor control institucional y una revisión de prioridades.
Finalmente, aseguró que desde su rol en el Concejo Deliberante continuará reclamando criterios justos en la distribución de recursos y un Estado que priorice el bienestar general. “Vamos a seguir exigiendo control institucional y un Estado que priorice el bienestar general por sobre los privilegios de unos pocos”, concluyó.
