Ariel Enríquez, referente del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional en Santiago del Estero, dialogó ayer con Nuevo Diario sobre el estado de las rutas nacionales, en el marco de la vigente temporada turística.
"El estado de las rutas nacionales es calificado como 'catastrófico'. El Gobierno nacional volvió a subejecutar el presupuesto del sector, impactando directamente en la vida útil y el mantenimiento de los caminos. Como consecuencia directa, los siniestros viales se han incrementado de forma abismal, elevando la tasa de mortalidad en accidentes que podrían evitarse con un mantenimiento básico", advirtió, y alertó: "Este escenario no solo pone en riesgo la vida de miles de argentinos, sino que también dispara los costos logísticos para la producción nacional".
Según datos oficiales, 3.238 siniestros fatales fueron registrados en 2024: dejaron como saldo 3.894 muertes. En rigor: la cantidad de víctimas fatales fue similar a la de 2020, año de menor circulación, producto de la pandemia.
Enríquez precisó que las zonas "más críticas" se encuentran en la Ruta Nacional N° 34 y que "a esto se suman los daños por las intensas lluvias en la Ruta N° 89, entre Suncho Corral y Quimilí, y la Ruta N° 98, a la altura de Los Tableros y Bandera".
"En el día de hoy (por ayer), también se vieron colapsos en Ruta Nacional Nº 64, a la altura de Lavalle. Desde nuestra organización ya hemos denunciado varios casos y esperamos que los municipios afectados se sumen, ya que esto incide negativamente en sus comunidades", expuso.
Vale recordar que diputados nacionales rechazaron el año pasado el decreto de disolución de Vialidad Nacional.
"Aunque el deterioro es de larga data, la situación actual es crítica: Antes se tapaban los baches; hoy ni siquiera eso, porque no disponemos de materiales y contamos con poco personal", notificó.
De acuerdo con el referente, los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) "no llegan a destino, pese a haber enviado cartas documentos para consultar el destino de esos billones recaudados". "Las autoridades no han brindado respuesta", apuntó.
El ICL es un tributo que se paga al cargar nafta o gasoil, cuyo objetivo original era financiar la reparación y el mantenimiento de rutas y caminos nacionales en nuestro país, aunque su aplicación ha sido controversial por la falta de inversión y el desvío de fondos hacia otros fines, lo cual afectó la vida útil de la infraestructura vial y el bolsillo de los usuarios.
"A la falta de insumos se suma la crisis laboral: salarios congelados, con paritarias judicializadas y sin propuestas oficiales, y la amenaza de retiros voluntarios. Subejecución y fondos retenidos: Desde el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional advierten que la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura retiene fondos que, por ley, deberían destinarse a obras. El Estado recauda impuestos para infraestructura vial que se depositan en instrumentos fiduciarios, pero no se liberan por decisión política", acusó.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina marca que la Dirección Nacional de Vialidad sufrió una caída en la ejecución del 72% (respecto a 2023), mientras que en áreas como "Rutas Nuevas y Pavimentación", el recorte llegó al 98%, y el programa "Rutas Seguras" presentó una baja del 89%.
