La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, junto a la directora Provincial de Niñez y el equipo del Área de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, participaron de la quinta reunión de la Mesa de Responsabilidad Penal Juvenil de Santiago del Estero, un espacio clave de articulación interinstitucional que busca fortalecer las políticas públicas destinadas a este sector.
El encuentro se desarrolló en las instalaciones de Nexo, centro de abordaje terapéutico y responsabilidad adolescente, y contó con la presencia de representantes de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, entre ellos Vanina Panetta y Héctor Vitto, lo que aportó una mirada federal a los debates. También participaron integrantes del Ministerio Público Fiscal, jueces de Control y Garantías con competencia penal juvenil, el Ministerio Público de la Defensa, la Policía de la Provincia y otros organismos vinculados.
Durante la jornada se abordaron temas centrales como la implementación de la Ley Nacional N° 27.801 de Régimen Penal Juvenil y la necesidad de acompañar las medidas que la provincia viene desarrollando en materia de aprehensión de adolescentes, con un enfoque basado en el respeto de los derechos y las garantías.
Asimismo, se destacó la importancia de profundizar el trabajo articulado entre comisarías, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, así como la adecuación de espacios específicos para la intervención y la capacitación continua de los efectivos policiales, entendiendo la complejidad de estas situaciones.
Otro de los ejes fue el principio de especialidad, promoviendo instancias de formación y la generación de convenios con universidades, con el objetivo de consolidar un sistema que contemple las particularidades de las adolescencias y garantice una respuesta adecuada, integral y respetuosa.
En este marco, los participantes coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de diálogo como herramientas fundamentales para mejorar las políticas públicas y garantizar un abordaje que priorice el interés superior del niño, promoviendo su inclusión social y evitando la criminalización temprana.