El concejal por el Frente Cívico por Santiago en ciudad capital, Carlos Basualdo, se expresó ante la decisión del gobierno nacional de cierre de la ANDIS. “El cierre de una institución dedicada a la discapacidad no es solo una noticia de índole administrativa o económica; es un golpe seco al corazón de las familias santiagueñas y de todo el país”, expresó.
A su vez, siguió: “Cuando una puerta de estas características se cierra, lo que queda afuera es la desprotección, la incertidumbre y la interrupción de procesos vitales para cientos de personas”.
Las consecuencias de un vacío
Seguidamente, el concejal hizo hincapié en que “las consecuencias de este tipo de medidas son inmediatas y devastadoras. No hablamos solo de la pérdida de fuentes laborales de profesionales comprometidos —kinesiólogos, psicopedagogos, maestros especiales—, sino de la ruptura del vínculo terapéutico. Para un niño con autismo o un joven con discapacidad motriz, el centro no es solo un edificio; es su espacio de pertenencia, donde el mundo se vuelve un poco más comprensible y justo”.
“El cese de actividades obliga a las familias a una peregrinación desesperada por turnos en un sistema de salud ya saturado, o lo que es peor, a la suspensión de tratamientos. En discapacidad, lo que no se estimula hoy es una capacidad que se pierde para siempre”, subrayó.
La deuda con la dignidad
En la misma línea, agregó: “La gente de la discapacidad y sus familias llevan años luchando contra barreras arquitectónicas y burocráticas. Que ahora deban enfrentar barreras institucionales por falta de presupuesto o cambios en las políticas de financiamiento es una muestra de insensibilidad social”.
Seguidamente, planteó: “Una sociedad se mide por cómo cuida a sus integrantes más frágiles. Si permitimos que estos espacios desaparezcan, estamos enviando un mensaje peligroso: que la rehabilitación y la inclusión son "gastos" prescindibles y no derechos humanos fundamentales”.
"Detrás de cada legajo hay una vida, una madre que lucha por la autonomía de su hijo y un paciente que merece vivir con dignidad”, subrayó.
“Es imperativo que las autoridades y la sociedad civil reaccionen. El cierre de estas entidades deja una herida abierta en el tejido social de Santiago del Estero que ninguna cifra en un balance podrá jamás justificar. La discapacidad no espera, y el tiempo de los pacientes es hoy”, sostuvo.
