Cada avance humano, a lo largo de la historia, ha llevado a plantearse hasta dónde resulta útil cada uno de ellos, cómo se aplicaría y en qué rubros.
En Argentina implementaron, en 2017, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema digital Prometea, que aplica la Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de pronunciar de manera automática dictámenes judiciales.
Debido a ello, Nuevo Diario dialogó con la abogada Lic. María Belén Conde Cambareri sobre la IA en el sistema jurídico a nivel mundial, en la provincia, y los desafios éticos de la misma; cuestión que la apasiona y por la cual recientemente realizó un papel.
"En la provincia se ha presentado un proyecto de ley para empezar a aplicar un sistema de IA en procesos legales para personas que sufren violencia de género”.
En dicho documento la licenciada expresa que es sumamente importante la regulación de la inteligencia artificial dentro de un marco teórico legal, haciendo referencia a cuestiones de transparencia y explicabilidad, manifestando, “la transparencia es necesaria para que los regímenes nacionales e internacionales pertinentes en materia de responsabilidad funcionen eficazmente. La falta de transparencia (en cuestiones de inteligencia artificial) también podría mermar la posibilidad de impugnar eficazmente las decisiones basadas en resultados producidos por los sistemas de IA , por lo tanto, podría vulnerar el derecho a un juicio imparcial y a un recurso efectivo, y limita los ámbitos en los que estos sistemas pueden utilizarse legalmente”, expresó la Lic. María Belén Conde en su trabajo.
Denominada como la “cuarta revolución industrial”, en la que la inteligencia artificial (IA) se destaca como una nueva tecnología con potencial de impacto.
Al dialogar con ella explicó: “Es necesaria la regulación ética dentro de un marco legal de la inteligencia artificial. Se lleva a cabo en distintos lugares del mundo, y si no se la regula puede generar un impacto negativo en los seres humanos. Ya se están viendo situaciones negativas como delitos digitales, entre otros, debido a su gran potencialidad. Puede que en vez de generar un impacto positivo al mismo tiempo genere situaciones negativas en mayor escala”, desarrolló.
A la hora de dar ejemplos dijo que, “según el estudio de Berkman Klein Center for Internet & Society existen al menos 36 conjuntos de principios publicados por gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y organizaciones del tercer sector, que son adoptados de maneras distintas —o con énfasis distintos—para el desarrollo de inteligencia artificial ética”.
Luego, comentó que hay lugares en los que se utiliza como herramienta para facilitar el ejercicio de la profesión, enumerando países como Estados Unidos y China, Estonia y Colombia, quienes aplican la IA en sus sentencias.
"Es necesaria la regulación ética dentro de un marco legal de la inteligencia artificial. Se lleva a cabo en distintos lugares del mundo, y si no se la regula puede generar un impacto negativo en los seres humanos”.
A nivel provincial explicó que, “se ha presentado un proyecto de ley para empezar a aplicar un sistema de IA en procesos legales para personas que sufren violencia de género, pero aún no se está aplicando la inteligencia artificial en el Poder Judicial de Santiago del Estero. Hoy por hoy todo lo que tenemos en el mundo jurídico y administrativo en la provincia son herramientas digitales para facilitar la labor, no IA, pero es muy importante que existan leyes que la regulen para que el día que la empecemos a utilizar aquí no cree más problemas y dificulte la toma de decisiones o practica. Es fundamental que se haga”, concluyó la abogada.
