Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Esta práctica se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
Esta se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política.
Debido a la fecha, Nuevo Diario dialogó con Luis Garay, director del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero.
Al comenzar, Garay marcó la importancia de la fecha y habló de cómo esta fue llevada a cabo en el país. “Quizás en Argentina ha sido llevada con mucha más fuerza. Fue adoptada como parte del plan de exterminio. Se discute mucho el numero si son 30.000, si son 8.500, es algo totalmente secundario y es un argumento utilizado por quienes tratan de minorizar el delito. Así haya una persona desaparecida, ya es un hecho significativo y motivo de reclamo y lucha”, desarrolló el director del instituto.
Es una práctica que se ha extendido por toda Latinoamérica en la que Argentina lamentablemente ha hecho escuela”.
Sobre la provincia, dijo: “Tiene 201 desaparecidos, que es lo que nosotros pudimos registrar. Es una dificultad poder registrar un número cuando el accionar del Estado fue totalmente clandestino. Al comenzar se registraban entre 50 y 60 desaparecidos. A medida que se fueron sumando familiares ese número se fue agrandando. A la fecha no sabemos si está totalmente cerrado”, expresó.
“Mucha gente puede decir, esto pasó hace 47 años, pero si tenemos en cuenta que de esos desaparecidos Santiago solo se recuperó la identidad de 10 o 20, ¿qué pasa con el resto?”, explicó.
“Videla decía: ‘Un desaparecido no está. No está ni muerto ni vivo. Es un cuerpo que ha sido sustraído de la historia y de la muerte’”.
“Si bien el juicio condena a los que sabemos que fueron perpetuadores de estas acciones, ellos nunca dijeron qué hicieron. Mantuvieron un pacto de silencio”, enunció sobre el accionar de los militares.
“Buscamos permitir cerrar el duelo a las familias. Muchas de las cuales lo prolongaron por 47 años. Enterrar a alguien permite tener un principio y un fin. Esto no lo tiene, y eso es una crueldad para las familias y también una presencia para la sociedad; es un fantasma que disciplina y condiciona”, finalizó Luis Garay.
