Desde que el Gobierno nacional asumió el pasado 10 de diciembre, la política contra el hambre fue la que concentró la mayor atención oficial. Así fue que, aunque se estaban armando los equipos en cada una de las carteras y muchos funcionarios ni siquiera lograban encontrar sus despachos, el Ejecutivo avanzaba con la tarjeta Alimentar.
La tarjeta, que fue diseñada por el ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo, formaba parte de un plan de desarrollo de la política de estado contra la pobreza, pero chocó de frente con la pandemia del coronavirus que hizo que no se pueda desarrollar la totalidad del plan ni entregar todas las tarjetas alimentarias.
Además, sin la posibilitad de bajar a territorio por la cuarentena, la posibilidades de seguir avanzando con la entrega de los plásticos y de mayor concientización de su uso tanto para los beneficiarios del plan como para los comercios que las aceptan. Cómo utilizarlas, qué se puede comprar, cómo cobran los comercios y el plazo en el que se les paga y cada cuánto se recarga la tarjeta son algunas de las preguntas que todavía subsisten entre los usuarios.
Hoy hay un millón cien mil personas que hoy consumen vía la tarjeta Alimentar y faltan entregársela a otras 400.000 personas que no se han podido hacer de la misma por la cuarentena.
Esa situación, sumada al aislamiento obligatorio, hizo que se modificaran algunos mecanismos y se estableciera un cronograma escalonado de pago. En primer lugar, para llegar a las 400.000 personas que no tienen tarjeta y, en segundo término, con el fin de que no salgan todos los usuarios el mismo día a comprar.
Para aquellos que tienen la tarjeta se estableció que el pago se divide en cuatro cargas, una por semana. Así, por ejemplo, una persona que recibe un subsidio para la compra de alimentos de $4.000 (tiene un hijo) todos los miércoles de abril recibió 1000 pesos. La misma operatoria para los que reciben $6.000, que son aquellos que tienen más de un hijo, en donde durante el mes recibe cuatro pagos de $1.500 cada uno.
Un modelo diferente de cobro tiene ese universo de 400.000 personas que, consecuencia de la cuarentena que comenzó a finales de marzo, no pudieron acceder a las tarjetas.
En este caso, los pagos no salen del ministerio que conduce Daniel Arroyo sino que lo paga la Anses, ya que lo suma a la cuenta a través de la cual paga la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según explicaron, una de las particularidades que presenta este modelo es que, como los beneficiarios no cuentan con CBU (clave bancaria uniforme) sino que tienen CVU (clave virtual uniforme) no pueden consultar el saldo de la tarjeta por Internet porque se trata de una tarjeta precargada. Esto es porque, en realidad, el proyecto incluye una billetera virtual que hoy está en proceso.
Hoy los usuarios sólo pueden saber su saldo al momento de la compra. Desde la cartera explicaron que fueron tras varias páginas webs que pedían datos para que el usuario sepa su saldo. “No es posible, son webs que toman los datos de la gente, pero hoy no hay una opción para que los tenedores de las tarjetas puedan saber el saldo que tienen. Es una tarjeta precargada y sólo se puede hacer telefónicamente”.
El teléfono para saber el saldo es el mismo en el que se tiene que denunciar el extravío o robo de la tarjeta: 0810-666-4803, una línea de la ANSES.
Con este cronograma, desde la oficina de Arroyo señalaron que hoy “se cargó un refuerzo extraordinario para titulares de la Tarjeta Alimentar. Aquellas familias con un/a hija/o percibirán un plus de 4000 pesos; y quienes tengan dos o más hijos, recibirán un refuerzo extraordinario de 6000 pesos. El objetivo es garantizar el acceso a la alimentación de los sectores más vulnerables en el marco de la emergencia ocasionado por el Covid-19”.
“Nuestra tarea es fortalecer el derecho de las familias a una alimentación sana y sostener los ingresos en una situación social crítica”, explicó Arroyo. Esta iniciativa se suma al incremento de las partidas para la asistencia alimentaria en comedores escolares, comedores comunitarios y merenderos; y los convenios firmados con municipios y provincias para la compra de alimentos y productos de limpieza.
