La jueza en lo civil y comercial con competencia en familia de Monte Quemado, Valeria de los Ángeles Díaz, participó recientemente del programa Actualidad Política transmitido por Radio LV11. Durante su intervención, abordó la crítica situación de la educación pública en Argentina, expresando su preocupación por el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo, un tema de gran relevancia para la comunidad académica y la sociedad en general.
En el contexto de una discusión sobre la marcha de los universitarios en favor de la educación pública, Díaz destacó que el veto presidencial dejó en suspenso una ley que era esperada por gran parte del sector educativo. La magistrada, en representación de la Comisión de Consolidación Territorial, Capítulo Argentina, defendió la importancia de esta ley como un derecho fundamental. "Nuestra postura fue clara: solicitamos al Poder Ejecutivo que promulgue la ley sancionada por el Congreso, que garantizaba el financiamiento educativo. Lamentablemente, ocurrió lo contrario", afirmó la jueza.
Díaz subrayó que la labor de la comisión que integra se enfoca en profundizar los derechos económicos, sociales y culturales, destacando que el derecho a la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país. En ese sentido, expresó su preocupación por las consecuencias que tendría la falta de financiamiento para las universidades públicas, especialmente en provincias como Santiago del Estero, donde muchas familias dependen de la educación gratuita para que sus hijos puedan acceder a estudios superiores.
"¿Qué sería de los santiagueños sin acceso a la educación universitaria pública?", reflexionó, enfatizando el impacto que tendría el arancelamiento de las universidades, una medida que ha sido propuesta para los estudiantes extranjeros, pero que podría sentar un precedente peligroso. Para Díaz, esta medida sería "una violación de los derechos de nuestra comunidad y un retroceso en el acceso a la educación", lo que generaría mayor desigualdad y dificultaría el progreso de aquellos que no pueden costear una educación privada.
La jueza también destacó que la educación no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión esencial para el crecimiento y desarrollo social. "El presupuesto destinado a la educación es un instrumento esencial para el progreso de un país", aseguró, reiterando la postura de la Comisión de Consolidación Territorial y de COPAJU (Comité Panamericano de Jueces), organismo al cual también pertenece, en defensa del financiamiento educativo.
Por su parte, Díaz exhortó a los legisladores a reconsiderar el veto presidencial y ratificar la ley de financiamiento educativo, un pedido que su comisión ha elevado tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, en busca de una solución que garantice el acceso universal a la educación pública en Argentina.
"El debate que debemos tener no es si los estudiantes extranjeros pueden o no acceder a la universidad pública, sino si el Estado tiene los recursos suficientes para garantizar el financiamiento de las universidades", señaló Díaz. La jueza remarcó que la Constitución Nacional, en su preámbulo, garantiza el acceso a la educación sin trabas ni restricciones, tanto para los ciudadanos argentinos como para los extranjeros que residen en el país.
Díaz, integrante de la Comisión de Consolidación Territorial, Capítulo Argentina y de COPAJU (Comité Panamericano de Jueces), expresó su preocupación por el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo recientemente sancionada por el Congreso. Esta medida ha sido percibida como un retroceso en los esfuerzos por garantizar el acceso universal a la educación pública y gratuita. "Nosotros solicitamos al Poder Ejecutivo que promulgue la ley de financiamiento educativo, que lamentablemente fue vetada. Creemos que esta decisión atenta contra un derecho fundamental", afirmó.
Uno de los puntos más alarmantes para Díaz es la posible implementación de aranceles para estudiantes extranjeros, una medida que, según ella, podría sentar un peligroso precedente. "Si se arancelan los estudios para los estudiantes extranjeros, ¿qué impide que luego se aplique un arancel a todos los estudiantes?", advirtió la jueza. Además, subrayó que la educación universitaria pública es esencial para muchas familias, especialmente en provincias como Santiago del Estero, donde una gran parte de la población no tiene los medios para costear una educación privada.
Durante la entrevista, la jueza también hizo referencia al Papa Francisco como una inspiración para COPAJU, resaltando la importancia de sus enseñanzas en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. "COPAJU fue constituido en el Vaticano bajo la inspiración del Papa Francisco, quien ha sido un referente clave en nuestra labor para promover los derechos fundamentales, como la educación", explicó Díaz.
Finalmente, Díaz cerró su intervención recordando la importancia de evitar una "cultura del descarte" que excluya a los más vulnerables del acceso a la educación. "La limitación de derechos fundamentales como la educación profundizaría esa cultura del descarte, impidiendo a las personas más vulnerables acceder a una educación pública, universitaria y gratuita", concluyó.
