La resolución firmada en enero pasado por Victoria Villarruel para frenar la actualización automática de las dietas de los legisladores vencerá el 31 de marzo próximo. Según pudo saber, la vicepresidenta dejará en manos de los bloques la decisión sobre el tema, aunque varias bancadas ya dieron a entender que no impulsarán cambios. Si la medida no se renueva, desde mayo cada senador cobraría, como mínimo, una base de $9 millones en bruto.
Una cronología de la disputa
Al inicio del gobierno libertario, el Congreso replicó la suba salarial otorgada a la administración central. Sin embargo, esta fue frenada por el presidente de Diputados, Martín Menem, y luego por Villarruel, ante la presión de la Casa Rosada. En abril pasado, oficialismo y oposición acordaron un nuevo sistema de dietas, que fue aprobado en el recinto. Desde entonces, los senadores reciben 2.500 módulos como salario base, más 1.000 por gastos de representación y 500 extra por desarraigo.
Solo cuatro senadores no perciben el adicional por desarraigo. Además, los legisladores sumaron una dieta extra para compensar el aguinaldo, lo que elevó sus ingresos a más de $7 millones en bruto mensuales desde mayo pasado. La única senadora que optó por no sumarse a este esquema es Alicia Kirchner, quien prefirió mantener su jubilación.
Presiones y debates en el Senado
Hacia finales de 2024, varios senadores presionaron a Villarruel para que tomara una decisión sobre el tema, pese a que ellos mismos habían votado el congelamiento. En declaraciones a la prensa, algunos legisladores argumentaron que el Impuesto a las Ganancias y los costos de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires erosionan significativamente sus ingresos. Sin embargo, pocos se atreven a decirlo abiertamente, conscientes de la sensibilidad del debate sobre el financiamiento de la política.
El momento es especialmente complejo para la Cámara alta, y el Gobierno buscará capitalizar la situación. Mientras tanto, los empleados del Congreso esperan que se replique la paritaria de la administración central, lo que ha generado críticas hacia el sindicato APL, liderado por Norberto Di Próspero. Además, algunos bloques buscan corregir la desigualdad en la asignación de módulos, una situación que afecta en particular a sectores como el kirchnerismo y el radicalismo en un contexto de hiperinflación.
Con el vencimiento del congelamiento salarial a la vuelta de la esquina, el Senado se prepara para una nueva discusión que promete avivar las tensiones dentro y fuera del recinto.
