El Gobierno discute revisar la cuota solidaria de los sindicatos con diputados y senadores de la UCR, pero no quiere conflicto con la Confederación General del Trabajo (CGT). El Ejecutivo teme una nueva caída de la Ley Ómnibus y busca evitar trabas.
Es por eso que no quiere incluir puntos de tensión de la reforma laboral del DNU 70/2023 que irá dentro del proyecto que retomará tratamiento legislativo la semana que viene. La UCR intentará sumar su propuesta en el plenario de comisiones, pero no se asegura el apoyo completo del oficialismo en todos los artículos, publica TN.
En Balcarce 50 solo están dispuestos a ir a fondo con la optatividad de la cuota solidaria de los sindicatos -medida que afectaría la recaudación de los gremios- si tiene el apoyo de la mayoría de los bloques. Fue un tema de debate entre el jefe de gabinete, Nicolás Posse, el asesor presidencial Santiago Caputo y los radicales encabezados por Eduardo Vischi y Rodrigo de Loredo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, no estuvo presente por una entrevista televisiva.
En lo que coincidieron es en incluir el fondo de cese laboral por convenio y actividad al estilo de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y establecer un período de prueba de seis meses. Lo mismo aplica para la simplificación del registro de trabajo y el tope para las multas por trabajo mal registrado.
Proponen también establecer a la educación como servicio esencial estratégico y fijar el 75% de la prestación regular de lo sanitario y hospitalario, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos.
Con 50% de cobertura quedarían la producción, transporte y distribución de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica, junto con los servicios de telecomunicaciones, la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario.
Otro de los puntos de conflicto que está incluido en la propuesta que hizo el radicalismo es la prohibición de los bloqueos a empresas y afectación de la libertad de trabajo de los empleados que no adhieran a una medida de fuerza.
Sobre los convenios colectivos de los sindicatos, impulsa que “solamente mantendrán subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue”.
La negociación de la inclusión de puntos de la reforma laboral del DNU 70/2023 del Gobierno con la UCR se da en medio de la tensión por la confirmación del paro general que anunció la CGT para el 9 de mayo. El Ejecutivo intentó desarticularlo, pero la estrategia no tuvo resultados.
En Balcarce 50 sostienen que van a continuar intentando frenarlo, pero reconocen que “tiene lógica que paren y defiendan sus posturas dentro del escenario político actual”. Lo que no quieren es sumarle tensión con reformas que puedan poner en duda la sanción de la Ley Ómnibus.
La CGT lo definió durante la reunión de la Comisión Directiva en la sede de Azopardo un día después de que los titulares de la central obrera estuvieran en la Casa Rosada para presionar sobre la reforma laboral y la homologación de paritarias.
Posse, Francos y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibieron el miércoles a los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (SOESGyPE); al secretario general de la FEDCAM, Hugo Moyano y a miembros del consejo directivo nacional de la central obrera.
