En medio del proceso de reestructuración del Estado impulsado por el Gobierno nacional, la diputada nacional Leila Chaher alzó la voz esta semana en defensa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La legisladora jujeña consideró que ambas instituciones cumplen un rol fundamental en el desarrollo productivo y social de la provincia y del país.
“Mientras desde el Gobierno nacional intentan minimizar su rol, en nuestra provincia el INTA es clave: acompaña y asiste a más de siete mil familias productoras, agrícolas y ganaderas, que dependen de su trabajo diario”, expresó Chaher en declaraciones tras un encuentro con trabajadores del organismo.
La diputada cuestionó el alcance del DNU 462/24, que establece la conversión del INTA en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, y que propone enfocarlo exclusivamente en innovación y transferencia tecnológica, eliminando áreas como la agricultura familiar y la agroecología.
“El INTA es esencial para el desarrollo local, la soberanía alimentaria, el control de plagas y la prevención de enfermedades que afectan directamente a nuestras comunidades”, sostuvo Chaher, y se comprometió a defender su estructura, sus trabajadores y el conocimiento que aporta al interior del país.
Defensa de Vialidad Nacional
Chaher también rechazó el intento de disolución de Vialidad Nacional, previsto en el Decreto 461/24 del Poder Ejecutivo, que fue recientemente suspendido por la Justicia Federal de San Martín tras una medida cautelar presentada por el sindicato del sector.
“Esta medida pone en riesgo miles de empleos en el ámbito público y privado, pero también expone la vida de millones de personas que transitan diariamente por rutas nacionales abandonadas”, alertó la legisladora, quien ya había presentado un proyecto de repudio en el Congreso.
Chaher mantuvo un encuentro con miembros del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del 6° Distrito Jujuy, donde reafirmó su postura de fortalecer la inversión pública en infraestructura vial. “Esto no es solo para las empresas, sino también para todos los ciudadanos que habitamos la Nación argentina”, subrayó.
Desde el Gobierno nacional, el argumento central para impulsar la disolución de Vialidad fue su presunta vinculación con casos de corrupción, como el que llevó a la condena de seis años de prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas. Sin embargo, desde la oposición se remarcó que estas causas judiciales no pueden justificar el desguace de organismos que cumplen funciones esenciales para el desarrollo y la seguridad del país.
De acuerdo con datos oficiales, actualmente 5.194 personas trabajan en la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que también controla los contratos de concesión de autopistas y carreteras nacionales operadas por empresas privadas.
Chaher cerró su intervención asegurando que “el Estado debe estar presente donde más se lo necesita, garantizando derechos y fortaleciendo el tejido productivo del país”.
