El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado al gobierno de Javier Milei a investigar con diligencia los hechos ocurridos durante la violenta represión de las fuerzas de seguridad contra jubilados e hinchas de fútbol que se manifestaban en el Congreso en rechazo al aumento de haberes. La protesta, que se desarrolló el miércoles 12 de marzo, terminó con un saldo alarmante de más de 40 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado crítico tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno.
El representante de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, expresó su preocupación en un comunicado oficial, recordando que, aunque se hayan registrado algunos actos de violencia durante la protesta, esto "no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes" que ejercen su derecho de reunión pacífica. La ONU subrayó que la fuerza utilizada por las autoridades debe ajustarse a los principios internacionales de "legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas".
En este contexto, Jarab también destacó que su oficina recibió documentación en la que se observa a manifestantes, muchos de ellos personas mayores, expuestos a un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. Los manifestantes, quienes reclamaban derechos sociales en áreas de jubilación y salud, no representaban una amenaza directa para la seguridad pública, según los informes presentados.
El uso de la fuerza y el peligro de las armas no letales
La ONU también instó a un uso adecuado de las armas menos letales, como los gases lacrimógenos, resaltando que estas deben ser empleadas conforme a los estándares internacionales. De no ser utilizadas correctamente, las armas menos letales pueden volverse letales, lo que ya ha quedado demostrado en este caso con la grave lesión sufrida por Pablo Grillo.
Detenciones arbitrarias y violación de derechos humanos
Otro aspecto alarmante señalado por la ONU fue el hecho de que casi cien personas fueron detenidas de manera arbitraria, sin pruebas concretas en su contra. "Recordamos la importancia de la independencia judicial en la garantía de los derechos de participación, el control de la legalidad de las detenciones y de las actuaciones policiales", concluyó Jarab en el comunicado.
El violento operativo dejó un total de 124 detenidos, entre los cuales se encontraban personas de todas las edades que participaban de la manifestación pacífica. De los 46 heridos, el caso de Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno, es el más grave. Tras ser sometido a una intervención quirúrgica por segunda vez, su estado sigue siendo crítico.
La ONU ha hecho un llamado urgente al gobierno argentino para que se lleve a cabo una investigación imparcial sobre el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias durante las protestas. La comunidad internacional sigue de cerca los avances de esta investigación, ya que los derechos humanos fundamentales deben ser protegidos, incluso en momentos de tensión social.
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