El gobierno de Javier Milei transformó la sanción de una ley ambiental en un escenario de confrontación digno de una tribuna de fútbol. Tras la aprobación definitiva de la polémica reforma de la Ley de Glaciares, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial donde, lejos de buscar consensos institucionales, celebró la medida atacando directamente a las organizaciones ecologistas.
Con la provocadora consigna "volvieron a perder", el oficialismo festejó la habilitación de la explotación minera en zonas que hasta hoy estaban protegidas por el Estado. El Ejecutivo justificó este avance argumentando que la normativa anterior generaba "interpretaciones absurdas" y frenaba el desarrollo económico de las provincias aliadas que integran las mesas del litio y el cobre.
La embestida contra los reclamos civiles
El tono del mensaje oficial evidencia la postura beligerante de la Casa Rosada frente a los sectores que defienden los recursos naturales. El Gobierno no dudó en acusar a las agrupaciones ambientales de responder a "interferencias extranjeras" y de actuar como verdaderos "enemigos" del progreso nacional por oponerse al avance extractivista.
Para justificar la desregulación, la administración libertaria afirmó que la nueva redacción elimina "distorsiones ideológicas", un eufemismo utilizado para avalar el reclamo de los gobernadores provinciales que exigen vía libre para la llegada de capitales multinacionales a través del RIGI.
Esta agresiva narrativa gubernamental corona un proceso legislativo que estuvo marcado por el silenciamiento del debate público. Con el respaldo de sus aliados, el oficialismo logró imponer una reforma diseñada a medida para los grandes proyectos mineros, celebrando el impacto ambiental como si se tratara de un simple triunfo deportivo sobre quienes defienden las reservas de agua dulce.
