En una maniobra sorpresiva que expuso las tensiones internas y la urgencia por legislar, el Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, apenas unas horas después de haberlo enviado al Congreso. El objetivo del oficialismo es tratar la iniciativa este mismo jueves en la Cámara de Diputados, por lo que debieron frenar el trámite para evitar un fracaso seguro.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, la razón central del retiro fue un cambio de último momento que no cayó bien en los bloques dialoguistas: el texto remitido fijaba la edad de imputabilidad en 13 años.
Este punto rompía el acuerdo político tejido el año pasado, donde el consenso con los partidos aliados (PRO, UCR, Hacemos) se había cerrado en 14 años. Ante el riesgo de perder los votos, el oficialismo decidió dar marcha atrás, corregir el artículo y volver a enviarlo.
Plata para que la ley se cumpla
Más allá de la polémica por la edad, el nuevo borrador trae una novedad importante respecto al dictamen de mayo de 2025: asegura el financiamiento.
El proyecto original dejaba los recursos a discreción de la Jefatura de Gabinete, lo que generaba sospechas de que la ley terminara siendo "letra muerta" por falta de presupuesto. La nueva versión corrige esto y asigna partidas específicas para la implementación efectiva del régimen penal juvenil:
- Más de $20.000 millones para la Defensoría General.
- Más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia.
Carrera contra reloj
El oficialismo corre contra el tiempo. La intención de La Libertad Avanza es conformar las comisiones de manera express y llevar el proyecto al recinto de Diputados este jueves. Para lograrlo, necesitan que el texto corregido (con la baja a 14 años y no a 13) ingrese nuevamente y obtenga el visto bueno de los aliados sin nuevas fricciones.
