Legisladores de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del INDEC y al cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La acusación sostiene que se habría ordenado mantener una metodología desactualizada y que se difundieron datos antes de su publicación oficial.
La presentación fue realizada por los diputados Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, quienes solicitaron que la Justicia investigue posibles delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público y violación del secreto estadístico, en el marco de la Ley 17.622. Según explicaron, el organismo estadístico tenía previsto aplicar una nueva metodología de cálculo del IPC a partir de enero de 2026, pero esa modificación habría sido postergada.
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]Denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo Junto a los diputados nacionales del Bloque de Unión por la Patria @gerpmartinez y @PaulaPenacca, esta mañana presentamos una denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo por violación de los deberes de… pic.twitter.com/Gs90QawO1M
— Julia Strada (@Juli_Strada) February 13, 2026
De acuerdo con los denunciantes, la decisión de sostener el esquema actual podría tener impacto en la medición de la inflación en un contexto de recomposición tarifaria. Además, cuestionaron que el ministro haya anticipado en redes sociales datos vinculados al IPC antes de su difusión formal, lo que —según sostienen— podría vulnerar la confidencialidad que rige para las estadísticas oficiales.
El IPC es un indicador clave para la economía argentina, ya que influye en paritarias, actualización de jubilaciones, contratos y decisiones financieras. Por eso, cualquier señal de interferencia política en su elaboración genera tensión institucional y debate público.
Hasta el momento no hubo una respuesta oficial del Ministerio de Economía respecto de la denuncia. Será ahora la Justicia la que deberá determinar si existieron irregularidades o si las decisiones adoptadas forman parte de las facultades administrativas del Ejecutivo.
