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Política

Imputaron a Demian Reidel por presuntos gastos irregulares con tarjetas corporativas

La Justicia investiga consumos en free shops, playas y pubs durante viajes realizados al frente de Nucleoeléctrica Argentina.

El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal contra el ex titular de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, por supuestos gastos irregulares realizados con tarjetas de crédito corporativas durante viajes al exterior.

La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas y también alcanza a integrantes del Directorio, la Sindicatura y usuarios de la cuenta corporativa investigada.

La pesquisa se centra en movimientos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 mediante una tarjeta identificada con la cuenta N° 338402.

La investigación comenzó luego de un informe presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a pedido de la diputada Florencia Carignano.

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Según el fiscal, los consumos detectados podrían resultar ajenos al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa estatal.

Entre los gastos bajo sospecha aparecen compras en free shops por más de 5.900 dólares y 1,1 millones de pesos, pagos a servicios de playa en Valencia, gastos en hoteles, pasajes aéreos, indumentaria y consumos en distintos países.

Además, la Justicia puso la lupa sobre transferencias vía Mercado Pago, adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y pagos en el pub “El Pirata” de Madrid por unos 765 dólares.

Otro de los puntos que llamó la atención es que el informe no identificaba quién realizó cada gasto ni detallaba si las compras fueron efectuadas con tarjetas adicionales.

Tampoco existía documentación respaldatoria sobre el supuesto destino institucional de los fondos utilizados.

La denuncia original fue presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió que, incluso si los viajes hubieran sido oficiales, varios consumos serían incompatibles con las normas vigentes sobre viáticos y gastos estatales.

El fiscal González también señaló posibles responsabilidades de directivos y organismos internos de control por presuntas omisiones en la supervisión y autorización de los gastos investigados.

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