Luego del acuerdo alcanzado con bonistas que mantenían títulos desde el default de 2001 y no habían ingresado a canjes anteriores, la Argentina logró reducir parte de su exposición judicial en el exterior. Sin embargo, aún continúan abiertos múltiples litigios en tribunales internacionales que podrían implicar reclamos por hasta US$10.000 millones.
De acuerdo con estimaciones privadas, el país todavía enfrenta una serie de causas en distintas jurisdicciones, principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, vinculadas a conflictos financieros y decisiones económicas de gestiones anteriores.
Si bien el entendimiento con los bonistas permitió destrabar una parte importante del frente judicial, analistas del mercado señalan que aún quedan alrededor de US$2.000 millones en reclamos vinculados al default, en su mayoría en manos de inversores individuales.
En paralelo, el arreglo con los acreedores se sumó a una reciente resolución favorable para la Argentina en el caso de la expropiación de YPF, lo que contribuyó a aliviar parcialmente el escenario judicial internacional.
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Uno de los expedientes más significativos en curso es el vinculado al denominado Cupón PBI. Estos instrumentos, emitidos en distintas monedas, estaban atados al crecimiento económico del país y dejaron de pagarse tras cambios en la metodología de medición del INDEC durante el kirchnerismo.
Ese cambio en la fórmula de cálculo del Producto Bruto Interno derivó en reclamos judiciales en tribunales de Londres y Estados Unidos.
En el caso de los bonos en euros, la Justicia británica ya condenó a la Argentina y la causa no cuenta con instancias de apelación pendientes, lo que obliga al país a negociar un pago cercano a los US$1.800 millones.
En tanto, las demandas por los bonos en dólares continúan activas en Estados Unidos y podrían escalar hasta los US$9.000 millones si se extienden todos los reclamos.
Entre los casos abiertos también figura la expropiación de Aerolíneas Argentinas, donde el fondo Titan Consortium obtuvo un fallo favorable del CIADI por US$390 millones. Dado que el organismo no tiene facultades para ejecutar la sentencia, los demandantes solicitaron su reconocimiento en tribunales de Washington, donde aún se espera una definición.
Por otra parte, el fondo Burford, involucrado en el litigio por la expropiación de YPF, anticipó que recurrirá al CIADI y también presentará una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque con escasas expectativas de éxito.
A pesar de los avances recientes en acuerdos con bonistas y fallos favorables en algunas instancias, la Argentina continúa expuesta a un complejo entramado de litigios internacionales.
Las distintas causas en curso mantienen en vilo el panorama financiero y judicial del país, con montos en disputa que, según estimaciones privadas, podrían alcanzar cifras multimillonarias en caso de resoluciones adversas.
