La puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno Nacional, anunciada a través de la red social X, generó una reacción inmediata de diversos sectores y también de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
En un comunicado titulado "Inquietud de ADEPA por el potencial uso de una iniciativa estatal para 'verificar' contenidos", la entidad marcó la diferencia entre el derecho del Estado a comunicar y la implementación de una dinámica que podría acusar a los medios. ADEPA advierte que el riesgo principal radica en que el Estado se convierta en un verificador oficial de contenidos, señalando supuestas “operaciones mediáticas” y afectando la libertad de opinión crítica.
La asociación sostiene que la medida cuestiona la actividad periodística profesional, mientras omite las campañas de desinformación anónimas y los perfiles falsos en plataformas digitales. Además, ADEPA cuestiona el uso del término “mentira”, argumentando que desmentir presupone una falsedad deliberada, cuando el periodismo se basa en contrastar voces y opiniones diversas.
El comunicado subraya que combatir la desinformación es necesario, pero advierte que imponer una “verdad oficial” no es el camino. ADEPA defiende un ecosistema plural en el que los medios respondan ante sus audiencias y la ley.
“El Estado es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”, afirma la asociación, que concluye que son los ciudadanos quienes, en libertad, pueden contrastar fuentes y evaluar la confiabilidad de la información, reafirmando que la gente es el último juez del trabajo periodístico.
