En una maratónica serie de negociaciones, el Gobierno ha introducido de cien modificaciones al proyecto de “ley ómnibus” con el objetivo de obtener el respaldo de la “oposición dialoguista” y lograr la ansiada media sanción en la Cámara de Diputados la próxima semana.
Entre las alteraciones más significativas, destaca la exclusión de YPF de la lista de más de 40 empresas públicas que inicialmente estaban sujetas a privatización. Este cambio representa un punto clave de acuerdo entre el oficialismo y la oposición dialoguista, marcando un giro sustancial en la propuesta original del Gobierno.
Adicionalmente, se habría acordado la reducción a cero de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales, una medida que busca aliviar la carga impositiva sobre estos sectores productivos. Asimismo, se contempla la decisión de archivar la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción, un punto particularmente controvertido que ha generado discordia entre las fuerzas políticas.
La solicitud de la oposición para restringir la iniciativa únicamente a los capítulos relacionados con la emergencia económica no ha sido atendida positivamente por el oficialismo, que ha mantenido la amplitud del proyecto abordando temas que abarcan desde Justicia y Educación hasta Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.
El debate continuará en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales el próximo lunes o martes. Tras la firma del dictamen, se convocará a sesión en el recinto para el jueves 25, un día después del paro y movilización convocados por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales. La votación y eventual aprobación de la “ley ómnibus” marcará un hito importante en el panorama legislativo y económico del país.