Un conocido comunicador macrista-mileista dedicó todo su programa del viernes a anunciar -y festejar- que Cristina Kirchner será detenida el martes. Siguió la línea de columnistas que prácticamente vienen exigiendo que la Corte Suprema saque de la cancha electoral a la expresidenta, con un fallo express, récord -nunca el máximo tribunal resolvió un recurso como el de la causa Vialidad en poco más de dos meses-, la condena del Tribunal Oral 2 (TOF 2).
En las últimas horas, circuló la versión de que están evaluando el lugar de detención. Se habló de una visita del presidente del TOF 2, Jorge Gorini, a la unidad de la Policía Federal en la calle Cavia, donde ya estuvieron presos Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, justamente los que intentaron matar a Cristina. Gorini lo desmintió.
A nivel internacional se espera una fuerte repercusión y se habla de vigilas y protestas en el país. Como es conocido, la Corte tiene la opción de expedirse sin dar grandes explicaciones con el llamado artículo 280, pero sobran los penalistas que advierten que deberían abrir el recurso y revisar las anomalías que marcaron el caso Vialidad desde tiempos inmemoriales, más aún tratándose de una dos veces presidenta y una vez vicepresidenta.
Presiones y más presiones
Desde que Cristina anunció que será candidata en la Tercera Sección Electoral, la ofensiva sobre la Corte se ha vuelto furibunda. La histeria y hasta desesperación mediática se da casi a toda hora y por todos los conductos. Les exigen a los cortesanos que proscriban a CFK antes del 19 de julio, para que ella no pueda ser candidata. La contradicción es evidente: por un lado, afirman que Cristina está en caída, pero por el otro lado la ven como un tremendo ariete para que la oposición gane las elecciones en la provincia más populosa del país.
Los recursos de queja por el caso Vialidad se presentaron el 31 de marzo, o sea, hace dos meses y ocho días. Para comparar con un caso semejante: los recursos presentados en el expediente conocido como la Ruta del Dinero se presentaron en marzo de 2023 y la Corte los resolvió en la semana que acaba de terminar. O sea, dos años y dos meses. Hay recursos que esperan en el cuarto piso desde hace siete años, como el presentado por Miguel Fernández Pastor a raíz de una brutal quita en las jubilaciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Y, por supuesto, hay expedientes que duermen en el máximo tribunal hace más años todavía. Pero lo que les reclaman a los supremos es un fallo político, no judicial.
Versiones de todo tipo
No sólo se hizo circular el dato de que Cristina sería detenida el martes, sino también los lugares posibles, antes de otorgarle una supuesta prisión domiciliaria. Este sábado se difundió que el juez Gorini estuvo en el destacamento de Cavia, evaluando los calabozos -habitaciones donde apenas cabe una cama y con una pequeña ventana tapada-, barajando la posibilidad de alojar a Cristina allí. Gorini lo desmintió a través de un cable de agencia y deslizó que las fotos publicadas son antiguas.
En la Montada de la Federal, en Palermo, estuvo María Julia Alsogaray, pero también los que trataron de asesinar a Cristina, Sabag Montiel y Brenda Uliarte. El dato siniestramente curioso es que allí, en la unidad policial, frente a la jueza y el fiscal, Sabag Montiel dijo: “quiero a Luciani”. Quería como abogado defensor a Diego Luciani, el fiscal de la causa Vialidad. Le tuvieron que explicar que eso no era posible, pero el hecho muestra la convergencia de lo que siempre señala CFK: “me quieren presa o muerta”. En todo caso, la misma celda sería ocupada por quien quería matar y por su víctima.
Según los rumores, también se barajaba otro lugar de detención: un espacio que se apartaría en la Unidad 31 de Ezeiza, el Centro de Detención de Mujeres. También eso fue desmentido.
En la Casa Rosada se hacen los distraídos, pese a que Milei dijo que marzo que “Cristina irá presa”. Ahora afirman que no les parece que el fallo salga esta semana, pero tal vez sí este mes. “Nosotros no ganamos ni perdemos nada. Es toda del macrismo. No nos parece que le sirva a ningún país que un expresidente vaya preso. Además, la verdad, no es la mejor causa para detenerla”, señaló una alta fuente de la administración Milei.
Los voceros se encargaron de señalar que lo más probable es que a CFK se le otorgue la prisión domiciliaria directamente o sea que no pasaría por ninguna institución policial o penitenciaria.
Los caminos de la Corte
El máximo tribunal podría tener distintas alternativas para resolver el caso Vialidad:
Aplicar lo que se conoce como el artículo 280, que significa que no interviene, no trata el expediente, desecha el recurso, y de esa manera queda confirmada la condena de Cristina y de los otros 12 imputados. CFK sería detenida.Considerar que hay violaciones constitucionales, federales, por lo que acepta el recurso y se pasa a analizar el expediente. En particular, las increíbles irregularidades del caso Vialidad.Considerar que Cristina no sólo debe ser condenada por defraudación al estado sino también por asociación ilícita, como pide el procurador, sosteniendo el recurso del fiscal. En ese caso, tampoco resolverá, sino que lo enviará a la Casación para que corrija su fallo y eleve la condena. Provocaría una demora.
En verdad, corresponde que los cortesanos analicen el expediente, porque las anomalías han sido descomunales. Por ejemplo, el juicio empezó con la acusación de que se pagaron obras no construidas en Santa Cruz y, además, con sobreprecios. Sin embargo, no había ninguna pericia que lo indicara. Es más, el macrismo mandó a hacer una auditoría que indicó todo lo contrario: que no se había pagado nada que no estuviera construido y que las construcciones eran de buena calidad. Se presentó un recurso a la Corte por la falta de pericias y la respuesta de los supremos fue que resolverían cuando hubiera un fallo. Ahora que hay fallo, amenazan con no intervenir y dejar las condenas como están.
El escandaloso caso Vialidad
En el recurso ante la Corte, presentado el 31 de marzo de este año, los abogados de Cristina, Carlos Alberto Beraldi y Ari LLernovoy señalaron las siguientes irregularidades:
La parcialidad de los jueces y fiscales. “Si los magistrados carecen de una absoluta neutralidad y equidistancia frente a los hechos, el juicio pierde toda legitimidad”. Se recuerda que jueces y fiscales jugaban al fútbol en la quinta de Macri y que dos jueces de Casación, que intervinieron varias veces en el expediente, fueron a jugar al tenis a la quinta de Olivos o visitaron a Macri en Casa Rosada.CFK no tenía atribuciones respecto de las obras que fueron votadas en el Presupuesto Nacional por el Congreso. El financiamiento estuvo a cargo de Vialidad Nacional, un ente autárquico, y las obras fueron licitadas, adjudicadas y controladas por Santa Cruz, que tiene autonomía. “No se le puede asignar a CFK el quebrantamiento de deberes que le eran ajenos”, dice el texto. El origen es un dictamen de Rodolfo Barra, exintegrante de la Corte e ideológicamente opuesto a CFK, quien señaló que se trató de un delito imposible.Se violó el principio de culpabilidad porque “todos los testigos, incluyendo los propuestos por los fiscales, afirmaron en el juicio que CFK jamás impartió directivas a fin de beneficiar a ningún contratista”.Se condena a Cristina porque Lázaro Báez ganó las licitaciones en 51 de los 81 tramos de ruta que se construyeron en Santa Cruz. Y, además, se la imputó por sobreprecios. La defensa sostiene que no se hicieron pericias sobre esas 51 obras, sólo sobre tres (con conclusiones contradictorias), pero no se compararon esas obras y esos precios con los de otros contratistas y con lo que se construyó en el resto del país. La lógica -se vio en el juicio, declarado por los propios empresarios, rivales de Báez- es que en las distintas provincias suelen ganar la mayoría de las licitaciones las empresas locales, porque pueden ofrecer mejores precios, dado que tienen allí el personal y la maquinaria.Los jueces del Tribunal Oral y Casación incorporaron en la sentencia el dictado del decreto 54/2009, “al que los magistrados le asignaron supuestas irregularidades nunca debatidas en el juicio”. Ese decreto habilitaba a que se pagaran las obras de todo el país con un fideicomiso constituido en base a una tasa sobre la venta del gasoil. O sea, no fue una medida para beneficiar a Lázaro Báez, y la prueba es que ese decreto sigue vigente hasta hoy: lo usaron y siguen usando todos los gobiernos que siguieron al de CFK. Desde el punto de vista jurídico, lo asombroso es que los fiscales nunca lo plantearon en la acusación, no se trató en el juicio y los jueces igual lo metieron en su sentencia.Cuando las audiencias del juicio ya habían terminado, los fiscales usaron en su alegato los chats de otro juicio, el de los bolsos que José López tiró en el convento de General Rodríguez. La pericia del celular de López no se hizo ni se verificó en la causa Vialidad y los fiscales sostuvieron que, al final del gobierno de Cristina, se produjo la operación “limpiar todo”, que consistió en una reunión entre Báez y Cristina para que se le hiciera un enorme pago al constructor y se borraran rastros de los ilícitos. Los chats nunca se trataron en el juicio, a CFK nunca la indagaron por “limpiar todo” y cuando ella quiso contestar, los jueces se lo impidieron. Se probó también que no existió tal reunión y que no hubo pago alguno a Báez.
Con información de Página 12
