La Justicia avanzó en las investigaciones contra el exsenador Edgardo Kueider con allanamientos en sus oficinas ubicadas en el Palacio Legislativo y en el anexo del Senado. Las medidas fueron ordenadas por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero.
Despachos clausurados y allanamientos
Los despachos de Kueider ya habían sido clausurados la semana pasada por la Dirección de Seguridad del Senado, siguiendo un pedido de Arroyo Salgado para preservar pruebas hasta la realización de los allanamientos. Estos operativos, realizados con la intervención de la Gendarmería, se extendieron a otros domicilios vinculados a personas y empresas supuestamente relacionadas con una red de corrupción derivada de la causa SECURITAS.
En paralelo, la magistrada envío un exhorto internacional solicitando la extradición de Kueider desde Paraguay, donde se encuentra detenido. La solicitud también incluye a su secretaria, Iara Guinsel Costa, quien cumple prisión domiciliaria en Asunción.
Intentos de defensa y rechazo judicial
El exsenador enfrentó un revés judicial el viernes pasado, cuando el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó su pedido para ser reincorporado al Senado. Kueider había solicitado una medida cautelar para invalidar su destitución, pero el magistrado descartó su planteo alegando que no existía injerencia indebida en el resultado de la votación que llevó a su remoción.
En su resolución, Lavié Pico destacó que la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, actuó en el marco de sus funciones durante la sesión en la que se decidió la destitución. El juez subrayó que su rol estuvo estrictamente limitado a lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Nacional, sin influir en la votación final.
Nuevos pedidos de eximición y recusación
En las últimas horas, la defensa de Kueider y de Guinsel Costa, liderada por el abogado Maximiliano Ruiz, presentó pedidos de eximición de prisión y la recusación de la jueza Arroyo Salgado. Argumentaron que existe una “persecución política” y un “prejuzgamiento” por parte de la magistrada.
Entretanto, Arroyo Salgado solicitó a las autoridades paraguayas el secuestro de los celulares y otros dispositivos electrónicos de los acusados, así como el allanamiento de su departamento en Asunción. Esta medida busca determinar si los equipos fueron manipulados y recuperar información clave para la investigación.
