Tras intensas negociaciones que se extendieron durante tres meses, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha confirmado un acuerdo técnico con Argentina referente a las quinta y sexta revisiones en el marco del programa de Facilidades Extendidas (EFF), que había sido firmado previamente por Martín Guzmán, aunque enfrentaba resistencia por parte del kirchnerismo.
Una de las principales noticias que ha trascendido es la reducción de USD 7000 millones en las metas de reservas, lo cual ha sido aceptado por ambas partes. Además, se mantendrá la meta de déficit fiscal establecida en un 1.9% del Producto Interno Bruto (PBI). El FMI ha garantizado el envío de USD 7500 millones, que se espera se concrete en la segunda quincena de agosto, pero el desembolso efectivo se concretará después de las elecciones primarias (PASO), una vez se obtengan las firmas de los directores de todos los países miembros del organismo.
El FMI justifica esta decisión alegando que desde la finalización de la cuarta revisión en marzo, la situación económica de Argentina ha enfrentado importantes desafíos debido a factores como el impacto mayor de lo esperado de la sequía y los desvíos y retrasos en la implementación de políticas. Estos factores han contribuido al incumplimiento de las metas establecidas para la acumulación de reservas internacionales netas, el saldo fiscal primario y el financiamiento monetario del déficit fiscal.
Para respaldar la recuperación de las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, el FMI ha dado su respaldo a un paquete de políticas fiscales y cambiarias. El organismo internacional también ha enfatizado la importancia de armonizar el régimen cambiario para lograr una mayor cobertura de reservas y estabilidad externa.
En relación con la meta de déficit fiscal primario para 2023, el FMI ha confirmado que se mantendrá sin cambios, fijada en un 1.9% del PIB. No obstante, el Fondo advierte que cumplir con esta meta requerirá un mayor endurecimiento de la política fiscal durante el segundo semestre del año.
En cuanto a las recomendaciones del FMI sobre el gasto público, se han sugerido esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial, actualizar las tarifas de energía para reflejar los cambios en los costos de producción, y fortalecer los controles de gasto mediante una mejor focalización de la asistencia social y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales.
Por otro lado, en relación a los ingresos, el FMI ha sugerido la implementación de nuevos impuestos sobre el acceso a divisas para bienes y servicios importados, así como medidas para promover la liquidación de exportaciones, con el fin de compensar la disminución de los derechos de exportación debido a la sequía.
El Fondo Monetario Internacional ha subrayado el valor del gasoducto y prevé que la acumulación de reservas estará respaldada por mejoras en el balance energético, especialmente tras la finalización de la primera fase del gasoducto.
El acuerdo entre Argentina y el FMI está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas y la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, lo que se espera que ocurra en la segunda quincena de agosto. Una vez que se completen las revisiones quinta y sexta, Argentina tendrá acceso a aproximadamente USD 7.500 millones, y se espera que la próxima revisión tenga lugar en noviembre.
Este acuerdo es un paso significativo para Argentina, ya que busca estabilizar su economía y acceder a financiamiento externo en medio de desafiantes condiciones económicas y sociales. Sin embargo, la implementación efectiva de las políticas acordadas será crucial para asegurar el éxito de este programa de ajuste respaldado por el FMI.
