Hoy sabemos que se violan los derechos humanos para, aparentemente, preservarlos, se destruye la democracia para, aparentemente, defenderla, hay una contradicción tan fuerte que parece que el concepto o la ida de política en democracia quiere recrearse en la vieja escuela de ciudadanía limitada.
El régimen conservador de siglos pasados en nuestro país había consolidado sus bases en la autoridad y el orden, entendidos como requisitos para el ejercicio de la libertad y para asegurar el progreso económico; el sistema político se había organizado de acuerdo con las normas de la Constitución
nacional de aquellos tiempos en que los conceptos de democracia y de ciudadanía tenían un alcance limitado dentro del orden conservador.
Transcurren 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y el proceso de sociedad pos tradicional, marcada por las nuevas generaciones, las ampliaciones de las libertades, miradas y prácticas en torno a la participación de las ciudadanías, han permitido comprender que la base de legitimidad de las instituciones democráticas derivan del hecho de que las instancias que exigen un poder obligatorio lo hacen partiendo de que sus decisiones representan un punto de vista imparcial que atiende por igual los intereses de todos.
La legitimidad democrática surge de decisiones colectivas entre miembros iguales. La madurez democrática del cuerpo social organizado ha decidido ser
parte de las agendas de debate, y en ocasiones muy puntuales, desde una concepción deliberativa, juzga que una decisión es colectiva siempre que surja de disposiciones de elección colectiva vinculante, en la que establecen condiciones de razonamiento libre y público entre iguales, no bajo la brutal
represión para imponer una constitución que entró por la ventana.
El ejercicio del poder político es adecuado, y por consiguiente justificable, solo cuando se ejerce de acuerdo con una constitución cuyos puntos esenciales cabe razonablemente esperar obtengan el respaldo de todos los ciudadanos y
sectores organizados a la luz de los principios y la ideas que aceptan como razonable y racionales, sin tener que recurrir a golpear al cuerpo social para
desconocer la soberanía popular.
El gobernador Morales montó su precandidatura presidencial, seducido por
las nuevas derechas. Envalentonado, abogó por una democracia orientada a defender los intereses de aquellos a quienes considera “verdaderos ciudadanos nacionales” en nombre de la recuperación de la democracia; de hecho, solo propugna su limitación para terminar negando en su propio territorio un Estado pluricultural y robustecer la idea mono cultural de un modelo de Estado que beneficia siempre a unos pocos.
