Esta semana, el presidente de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, emitió una resolución en la que intimó al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, a cumplir con una orden judicial previa e impedir la transferencia de tierras a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.
El año pasado, la jueza que subrogaba el juzgado federal de Bariloche, Silvina Domínguez, hizo lugar a una demanda presentada por la comunidad Mapuche y le ordenó al Poder Ejecutivo que en el término de 60 días transfiera a título gratuito al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) un predio de 180 hectáreas ubicado en el faldeo suroeste del cerro Otto, a 12 kilómetros del centro de la ciudad camino al cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez.
Sin embargo, en octubre del año pasado, la Cámara Federal había emitido una medida cautelar de “no innovar” para impedir la transferencia de tierras. Esta fue dirigida tanto al juez federal de Bariloche como al juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa en la Justicia Federal de la Capital Federal.
El 17 de marzo pasado, el juez federal de Bariloche intimó al Poder Ejecutivo Nacional a hacer la inscripción, desconociendo la orden de no innovar, lo que motivó la resolución emitida por Llorens esta semana. En ella, el presidente de la Sala I de la Cámara Federal se quejó de la inacción del juez de grado y le ordenó, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia, emitir los oficios correspondientes para impedir la transferencia de tierras.
La comunidad Millalonco Ranquehue afirma estar en el lugar hace más de 100 años, aún antes de la llegada del cuartel militar. A diferencia de otros casos en la ciudad y la región, esta comunidad mapuche tuvo menor conflictividad en los últimos años y logró el título de la tierra a través de un proceso pacífico.
Ahora, con la resolución emitida por Llorens, se espera que el juez federal subrogante de Bariloche cumpla con la orden judicial previa e impida la transferencia de tierras a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, para garantizar el cumplimiento de la ley y preservar la soberanía alimentaria de esta comunidad.
