La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) presentó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, una propuesta para reactivar el Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), desmantelado en junio de 2020 luego de que la interventora María Laura Garrigós de Rébori decidiera disolver la División de Inteligencia, también conocida como “Unidad 50”.
La iniciativa se presenta luego de que el titular de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle, se reuniera con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, tras el ataque a balazos a un supermercado de la familia Roccuzzo y la amenaza narco a Lionel Messi.
La desmantelación de la Unidad 50 tomó estado público en mayo de 2022, cuando la jueza María Servini denunció a Soria y Garrigós de Rébori por obstruir una investigación en una causa de drogas. Según Servini, el SPF carecía de facultades para investigar ya que no contaban con un organismo que pudiera realizar esas tareas.
La decisión de disolver el Departamento de Inteligencia se tomó luego de denunciar a la gestión macrista por presuntos usos ilegales de esa división.
En respuesta a la propuesta de la AMFJN, el ministro de Justicia dijo que está dispuesto a estudiar la reactivación de la Unidad 50, ya que los delitos que se cometen desde las cárceles son cada vez más preocupantes. Esto, luego del informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, que puso de manifiesto que al menos 19 jefes narco seguían dando órdenes desde prisión.
Además, el procurador Eduardo Casal presentó un informe actualizado donde alertó sobre la posible connivencia de los agentes penitenciarios en la trama narco. Días atrás, una investigación de la Procunar, la fiscal Cecilia Incardona y la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal frustró la fuga de uno de los capos narco Esteban Alvarado del penal de Ezeiza, que planeaba un escape de película que incluía un helicóptero.
La AMFJN también ha expresado su preocupación por las amenazas de muerte que recibieron jueces y fiscales de Santa Fe que tienen causas contra el narcotráfico. Por lo tanto, instaron a las autoridades nacionales y provinciales a que adopten medidas urgentes para prevenir cualquier episodio que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino.
