Esta semana, numerosos gobernadores respaldaron el pedido de juicio político a la Corte Suprema que impulsa Alberto Fernández, iniciativa en virtud a una multiplicidad de hechos que pueden sintetizarse en la violación de la Ley de Ética Pública.
Días atrás habíamos señalado en este medio el comienzo de la ruptura del Estado jurídico mono cultural que blindaba los intereses tan solo del puerto de Buenos Aires, tensionado por una visión que pone en debate por primera vez en la historia argentina un Nuevo Federalismo equitativo. Muchos enfoques interpretativos, deliberativos se deslizaron por años sobre este tema, intentando remontar la carga estigmatizante de provincias inviables (el Norte) acusado por el puerto de Buenos Aires; sin embargo, Santiago del Estero demostró con su crecimiento desde 2005 a la fecha que solo se trataba de un caprichoso esquema inmoral de los señores del puerto, por lo que pone una adecuada reflexión y decisión que caracteriza al campo de la política un planteo ético político.
Estas decisiones implican que elementos de fuerzas traccionan por primera vez de un modo inusual, superando el mero lenguaje de la ética y de la moralidad que nos tienen acostumbrados ciertos personajes de la política.
Hoy el debate se ubica en el espacio público y debe tomar mayor fuerza en los pueblos del interior, preexistentes y soberanos ante cualquier fuerza que pretenda resignarlos a la postergación: hoy los señores de la Corte Suprema quedan en descubierto ante la sociedad argentina por una decisión ética política de pedido de juicio político, legitimada en la defensa de los intereses de los pueblos del interior y en el clamor de nunca más a las asimetrías de una nación desigual.
“Los pueblos del interior hablan poco, ellos son calladitos, buena gente, viven felices a la merced de sus caudillos…”, así nos romantizaron desde el centro de Buenos Aires en su afán de anular la naturaleza antagónica, conflictual, demandante. Esta negación fue la condición misma para la mentada ficción de un contrato social por el cual se habría eliminado las demandas y el reclamo de un país más equitativo entre el centro y la periferia. Sin embargo, los sujetos políticos de los pueblos del interior, por medio de sus representantes, persisten, viven y demandan en la ambición histórica de refundar la autonomía de lo social, lo político y lo económico, para garantizar la igualdad de los pueblos, en el solo afán de defender una visión de un proyecto ético político. Esta es la razón, el fin último del pedido de juicio político contra el máximo tribunal.
En este sentido, en cuanto al contenido y a la motivación del poder, la “voluntad de vida” de los miembros del pueblo es la determinación material fundamental de la definición de poder político. Es decir, la política como esa actividad que organiza y promueve la producción, reproducción y aumento de la vida de sus miembros hoy puesta en juego a través de sus representantes.
Por el politólogo Diego Ramos, en exclusiva para Nuevo Diario.
