Un caso que sacudió a la comunidad educativa de Zanja Honda, Salta, dio un giro inesperado y grave: el docente Benicio Cuellar, de 50 años, fue sobreseído el pasado viernes tras haber estado detenido injustamente desde marzo de 2024, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una alumna de 13 años. Ahora, tanto Cuellar como sus abogados han denunciado penalmente a la psicóloga del Poder Judicial del Distrito Tartagal, Silvia Susana Fuenzalida, por ocultar deliberadamente un informe pericial clave que desmentía la acusación.
La falsa denuncia y la confesión
El caso se desmoronó cuando salió a la luz un informe psicológico, elaborado 11 meses antes del juicio, en el que la propia menor había confesado que la denuncia era falsa. Según el documento, la joven inventó la acusación contra su maestro porque sus padres no le permitían salir con sus amigos.
El informe también detalla que la adolescente no presentaba conductas compatibles con una víctima de abuso sexual y, por el contrario, mostraba características claras de mendacidad y alta fantasía. Parte del peritaje psicológico incluso señala que la menor tiene "omnipotencia a nivel de pensamiento que la lleva a emitir juicios errados y muy subjetivos y, como consecuencia, a mentir".
Además, la madre de la menor, en una segunda entrevista con la psicóloga Fuenzalida, reconoció espontáneamente que su hija le había confesado que todo había sido una invención.
Ocultamiento y denuncia contra la perito judicial
Pese a la contundencia del informe, la psicóloga Silvia Fuenzalida no lo incorporó al expediente hasta tres días antes del juicio oral y público, lo que podría haber implicado una grave vulneración del debido proceso y de las garantías constitucionales del acusado. Cuellar fue finalmente sobreseído por decisión del tribunal, tras la presentación de estas pruebas por parte de su defensa.
Horas después de conocerse el fallo, Cuellar presentó formalmente una denuncia penal contra la profesional, y sus abogados, Rambert Ríos y Gonzalo Maidana, hicieron lo propio. “No se trata solamente del daño que esta psicóloga le provocó al señor Cuellar, sino que su accionar afectó las garantías constitucionales”, afirmó Ríos. “¿Quién puede asegurarle a cualquier ciudadano que esta mujer no ocultará información fundamental en una causa con la intención lisa y llana de perjudicar a un imputado?”, agregó el letrado, quien recordó que “por muchísimo menos se han iniciado jurys de enjuiciamiento contra otros funcionarios”.
El impacto en la vida del docente
Durante más de un año, Cuellar, que se desempeñaba como maestro bilingüe en una escuela rural, estuvo privado de su libertad y expuesto al escarnio público. Solo tras la difusión del informe psicológico y la intervención de sus abogados fue posible revertir la situación.
Tras ser sobreseído, el docente regresó junto a su familia a la comunidad Zanja Honda, donde comenzó a reconstruir su vida. “No se puede reparar el tiempo perdido ni el daño moral sufrido, pero es imprescindible que se haga justicia con quienes actuaron de forma maliciosa o negligente”, expresó uno de sus allegados.
Un caso que pone en tela de juicio el accionar judicial
El escándalo ha generado un fuerte debate en el ámbito judicial de Tartagal. El hecho de que un funcionario del Poder Judicial haya omitido una prueba clave que probaba la inocencia de un acusado plantea serias dudas sobre el funcionamiento institucional y la protección de derechos fundamentales.
Organismos defensores de los derechos humanos y agrupaciones de trabajadores judiciales ya se encuentran analizando el caso y no descartan solicitar que la psicóloga Fuenzalida sea sometida a un jury de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones.
