Los tres empleados del Juzgado de Faltas de la Provincia que están implicados en un millonario fraude en perjuicio del erario provincial, deberán permanecer —al menos por unos días más— privados de la libertad, ya que la Dra. María del Huerto Bravo Suárez, jueza de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, resolvió dictarles la prisión preventiva hasta el 22 de noviembre próximo.
Tal medida fue adoptada en contra de Ivo Carrizo, Felipe Rojas Ocampo y María José Díaz, a quienes el Dr. Mauricio Abramzuk —representante del Ministerio Público Fiscal— acusa por el delito de estafa en perjuicio de la Administración provincial. Los antes nombrados fueron detenidos por personal policial de la División Delitos Económicos, en allanamientos que el 22 de septiembre de este año se realizaron en domicilios situados en los barrios Costanera y Tarapaya —en la Capital— y en las Torres del Río, situadas a la vera de la autopista Juan Domingo Perón, en La Banda.
En una audiencia anterior, que se realizó por varias horas, tanto por la mañana como por la tarde, el fiscal había solicitado dictar la prisión preventiva para los inculpados, argumentando la vigencia de los peligros procesales, ya que restan medidas probatorias por producir, en las que —en libertad— los imputados podrían entorpecer, entre otros fundamentos.
Planteos de las defensas
Los Dres. Juan José Saín y Lara Lucatelli, Carlos Ríos López y Guillermo Tuma, abogados defensores de Díaz, Carrizo y Rojas Ocampo, respectivamente, se opusieron al requerimiento fiscal y coincidieron en solicitar que se dicte el sobreseimiento parcial y definitivo para sus asistidos por atipicidad de delito, y en forma subsidiaria pidieron la falta de mérito legal y la excarcelación.
Finalmente, la jueza rechazó los planteos de los abogados defensores.
