Una mujer identificada como A.M.C., residente de la localidad de Fernández, presentó una denuncia contra su expareja, W.D.G., a quien acusa de ingresar a su vivienda y sustraer dinero en efectivo y una tarjeta de cobro. El hecho ocurrió ayer alrededor de las 21:30, según lo detallado en la denuncia.
A.M.C., quien tiene cuatro hijos, uno de ellos de 9 años fruto de su relación con el acusado, informó que el sujeto accedió sin autorización a su domicilio, llevándose 30.000 pesos y su tarjeta de cobro. Según su relato, esta no es la primera vez que sucede algo similar. La denunciante aseguró que su expareja consume sustancias, lo que lo lleva a comportamientos recurrentes de irrupción en su hogar.
La mujer manifestó su preocupación por la reiteración de estos episodios, que afectan tanto su seguridad como la de sus hijos menores, y solicitó medidas de protección urgentes.
Contexto y medidas legales
El caso pone en evidencia una problemática frecuente en casos de violencia económica, donde el agresor utiliza recursos materiales para ejercer control sobre la víctima, al ser la principal responsable del cuidado de sus hijos, señaló que el robo de su tarjeta y del dinero afecta directamente su sustento diario.
La denuncia fue presentada formalmente ante las autoridades locales, quienes ya se encuentran analizando el caso. Fuentes judiciales indicaron que se evaluará la implementación de medidas cautelares para proteger a la mujer y sus hijos, incluyendo la posible restricción de acercamiento del acusado al domicilio familiar.
Reiteración de incidentes
El comportamiento reiterado del acusado, según lo narrado por la denunciante, plantea interrogantes sobre la efectividad de las herramientas legales para abordar casos de violencia intrafamiliar vinculados al consumo de sustancias. La situación exige una pronta intervención no solo para garantizar la seguridad de la denunciante y sus hijos, sino también para investigar si Gómez requiere atención por su adicción y conductas delictivas.
Este caso resalta la necesidad de acciones integrales en el abordaje de la violencia de género, combinando protección judicial con asistencia social y programas de rehabilitación para evitar la escalada de situaciones similares en otros hogares.
Las autoridades instan a la comunidad a denunciar cualquier episodio de violencia familiar para proteger a las víctimas y prevenir futuros incidentes.
