Un joven es juzgado tras ser acusado de apuñalar a un hombre de 72 años en el marco de una relación previa de encuentros sexuales esporádicos, en un hecho que también incluye presuntos delitos patrimoniales y una tentativa de homicidio.
Según el relato de la Fiscalía, el vínculo entre ambos se habría desarrollado de manera ocasional, hasta que el acusado habría regresado al domicilio de la víctima pese a existir una orden de alejamiento vigente. Sin embargo, la investigación sostiene que el hombre mayor permitió el ingreso a su vivienda de forma voluntaria.
El ataque habría estado motivado, según la acusación, por una exigencia de dinero vinculada a la pensión de jubilación de la víctima. En ese contexto, el acusado habría ejercido violencia, lo que derivó en la imputación de tres delitos: robo con violencia en casa habitada, homicidio en grado de tentativa y estafa continuada.
La Fiscalía solicita una pena total de 14 años de prisión: 4 años y medio por el robo, 7 años y medio por la tentativa de homicidio y 2 años por la estafa. Además, se contempla la expulsión del territorio de España con prohibición de reingreso durante 10 años una vez cumplida parte de la condena.
Por su parte, la víctima decidió no personarse en la causa ni reclamar por las lesiones sufridas, y el dinero junto al teléfono sustraído ya habría sido restituido.
El caso también abre debate sobre la efectividad de las órdenes de alejamiento cuando no existe colaboración de la víctima, así como sobre el uso posterior de datos bancarios, ya que la acusación sostiene que el imputado habría continuado realizando compras, transferencias y pagos a través de Bizum durante varios días, lo que refuerza la imputación por estafa continuada.
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