La Justicia federal avanzó en una causa que investiga a una organización criminal acusada de extorsionar a hombres a través de aplicaciones de citas y que, además, habría estado vinculada a la instigación del suicidio de un soldado hallado sin vida en la Quinta de Olivos.
El fiscal federal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, solicitó la elevación a juicio oral de los siete imputados, quienes habrían integrado una estructura delictiva dedicada a engañar víctimas mediante perfiles falsos y exigir dinero bajo amenazas.
Según la investigación, la banda estaba conformada por tres hombres detenidos en la Unidad Penal N°36 de Magdalena y cuatro mujeres que operaban desde el exterior, cumpliendo distintos roles dentro de la maniobra extorsiva. Las víctimas eran contactadas a través de aplicaciones de citas y posteriormente presionadas con supuestas denuncias o exposición pública para obtener transferencias de dinero mediante billeteras virtuales.
El requerimiento fiscal también incluye un hecho de especial gravedad: la presunta instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien fue hallado sin vida en diciembre en una garita de la residencia presidencial de Olivos. Dos de los acusados deberán responder por este delito, además de las imputaciones por extorsión y asociación ilícita.
En su presentación ante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, la fiscalía sostuvo que la organización funcionaba de manera estructurada, con tareas distribuidas entre quienes ejecutaban las amenazas y quienes administraban los fondos obtenidos.
Asimismo, se detalló que algunos de los implicados habrían utilizado identidades falsas e incluso la suplantación de miembros de fuerzas de seguridad para dar mayor credibilidad a las extorsiones.
El fiscal consideró que las pruebas reunidas hasta el momento permiten sostener la existencia de una asociación ilícita con fines delictivos, y no descartó que puedan surgir nuevas víctimas en el avance de la investigación.
Ahora será la jueza Sandra Arroyo Salgado quien deberá resolver si los acusados finalmente enfrentan juicio oral por los graves delitos que se les imputan.
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