La Justicia de San José de Metán condenó a un hombre de 47 años por incumplir con sus obligaciones alimentarias hacia su hijo menor de edad, en una causa atravesada por años de abandono económico y por la negativa del acusado a reconocer al niño como propio.
La jueza Carolina Poma Salvadores lo halló culpable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y le impuso una pena de tres meses de prisión de ejecución condicional.
Según se ventiló durante el juicio, el hombre dejó de aportar dinero para la manutención de su hijo desde el año 2021, pese a que anteriormente se había alcanzado un acuerdo económico en una instancia de mediación.
La madre del menor aseguró que el incumplimiento fue absoluto y se extendió durante varios años, obligándola a afrontar sola los gastos vinculados a la crianza y bienestar del niño.
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Uno de los episodios más delicados mencionados en el expediente ocurrió cuando el menor, actualmente de 12 años, debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. De acuerdo con la investigación, el acusado no colaboró económicamente ni acompañó a su hijo durante ese difícil momento, por lo que familiares maternos debieron hacerse cargo de los costos médicos.
Durante el proceso judicial también trascendió que el hombre llegó a negar la paternidad del niño, situación que derivó en la realización de un examen de ADN. El resultado confirmó el vínculo biológico y desestimó los argumentos presentados por el imputado.
La magistrada consideró además que el condenado contaba con posibilidades laborales y que no logró justificar legalmente la falta de cumplimiento de sus obligaciones como padre.
Como parte de las condiciones para mantener la condena en suspenso y evitar el cumplimiento efectivo de la pena, deberá cumplir durante dos años distintas reglas de conducta, entre ellas el pago mensual de una cuota alimentaria provisoria equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, monto que deberá depositar en una cuenta judicial.
En su resolución, la jueza recordó que la obligación de garantizar alimentación, salud y bienestar a los hijos constituye un deber legal ineludible y remarcó que el incumplimiento de estas responsabilidades impacta directamente en el desarrollo y la estabilidad económica de los menores.
