La investigación por uno de los casos de presunto maltrato infantil más impactantes registrados en Santa Cruz sumó un nuevo capítulo. La mujer acusada de someter a sus dos hijos a graves situaciones de violencia fue beneficiada con prisión domiciliaria debido a que la alcaidía de Pico Truncado no cuenta con un espacio apto para alojarla.
La medida fue dispuesta mientras continúa la investigación judicial que busca esclarecer las condiciones en las que vivían los menores, de 7 y 5 años, quienes fueron rescatados luego de que la niña escapara de la vivienda durante la madrugada para pedir ayuda.
De acuerdo con la causa, la menor logró salir tras arrojarse desde una ventana del primer piso de la casa y solicitó asistencia para ella y su hermano, relatando que ambos sufrían hambre y maltratos.
A partir de ese episodio, efectivos policiales y organismos de protección de la niñez intervinieron en el domicilio y comenzaron a reconstruir una situación que, según los investigadores, se habría extendido durante varios meses.
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Las primeras pericias indican que los hermanos habrían permanecido sometidos a un régimen de aislamiento, violencia física y psicológica, además de sufrir privación de alimentos y un estricto control ejercido por su madre y la pareja de la mujer.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran registros obtenidos de cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda, cuyo contenido sería clave para determinar el grado de violencia al que estaban expuestos los niños. También se constató que la casa contaba con rejas incluso en las ventanas del primer piso, lo que dificultaba cualquier intento de escape.
La investigación también puso bajo la lupa el entorno familiar. Según trascendió, la abuela materna llevaba tiempo intentando ver a sus nietos, aunque nunca lograba ingresar al domicilio. Sus sospechas cobraron fuerza recién cuando la niña consiguió huir y revelar lo que ocurría puertas adentro.
Tras ser rescatados, ambos menores fueron sometidos a estudios médicos y psicológicos. Los informes preliminares detectaron un importante deterioro físico compatible con un cuadro de desnutrición prolongada, además de secuelas emocionales que requerirán un tratamiento interdisciplinario.
Mientras la madre permanece bajo prisión domiciliaria por cuestiones de infraestructura carcelaria, su pareja fue trasladada a otra dependencia policial por razones de seguridad. La Justicia continúa incorporando pericias médicas, psicológicas e informáticas y no descarta agravar las imputaciones a medida que avance la investigación.
