La investigación judicial contra Franco David Alderete, señalado como presunto responsable de una millonaria estafa bajo la modalidad de esquema Ponzi, continúa sumando denuncias y podría superar los 1.000 millones de pesos en perjuicios económicos, según estimaciones de los abogados que representan a las víctimas.
La causa ya no involucra únicamente a damnificados de Tucumán y Santiago del Estero, sino que también incorpora denuncias de personas de Córdoba, Santa Fe y Salta, mientras la Justicia avanza con la unificación de las presentaciones.
Uno de los testimonios más impactantes es el de Patricia Ghiggia, tía de Alderete, quien decidió llevar a su sobrino a la justicia tanto por la vía civil como penal tras asegurar que fue engañada con una inversión de miles de dólares.
"Es muy doloroso porque soy hermana de su mamá, pero no me quedó otra alternativa", expresó la mujer, quien sostuvo que ya obtuvo una sentencia favorable en el fuero civil, aunque todavía espera una respuesta efectiva para recuperar el dinero.
Ghiggia relató que incluso respaldó a Alderete en los inicios de su emprendimiento comercial, llegando a actuar como garante cuando abrió uno de sus primeros locales. Sin embargo, aseguró que el empresario continuó exhibiendo un elevado nivel de vida mientras las denuncias en su contra crecían.
Según la investigación, la maniobra consistía en captar inversores prometiendo rentabilidades en dólares muy superiores a las del mercado. Durante los primeros meses cumplía con los pagos para generar confianza y atraer nuevos aportantes, una modalidad que responde al clásico funcionamiento de un esquema Ponzi.
Además, indicaron que existen denuncias de empresarios santiagueños y tucumanos que habrían realizado importantes inversiones, atraídos por la supuesta solidez financiera de la cadena de locales comerciales vinculada a Alderete.
Mientras la Justicia analiza las presentaciones y avanza con las medidas procesales, la defensa de las víctimas espera que en los próximos días se concrete la audiencia de imputación para formalizar la acusación contra el empresario, en una causa que continúa incorporando nuevos denunciantes de distintas provincias del país.
