Seis meses después de haber sido privado de su libertad, la Justicia ordenó la excarcelación de un hombre, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia, al considerar que ya no subsisten riesgos procesales que justifiquen su detención.
El acusado se encontraba detenido desde el 18 de agosto de 2025, y el 11 de septiembre de ese mismo año se había dispuesto su prisión preventiva ante la presunta existencia de riesgos procesales y la necesidad de producir medidas probatorias pendientes.
Cumplido el plazo, la defensa del imputado, a cargo de la Dra. Laura Argañaraz y del Dr. Leandro Jiménez, solicitó el cese de la medida cautelar y su libertad porque los riesgos procesales ya no existían.
La defensa remarcó además que las diligencias probatorias que motivaron originalmente la detención no fueron practicadas por el Ministerio Público Fiscal durante todo el plazo de vigencia de la medida. Asimismo, destacó que ya se había presentado el requerimiento fiscal de elevación a juicio y que, incluso en la acusación formulada, no se incorporaron aquellas evidencias pendientes que habían sido invocadas como sustento de la prisión preventiva.
La Fiscalía se opuso y solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo máximo previsto por la ley, de hasta dos años, al sostener que persistían riesgos procesales que justificaban la continuidad de la medida.
Tras escuchar a las partes, la jueza de Control y Garantías, Dra. Carolina Salas, hizo lugar al planteo defensivo y ordenó la libertad del acusado, quien aguardará el desarrollo del juicio oral en libertad bajo estrictas medidas de conducta.
En la misma audiencia, y con posterioridad a la resolución sobre la libertad, se trató el control de la acusación, así como el ofrecimiento y admisión de prueba, siendo admitida la prueba propuesta por la defensa.
