Una cantante e influencer oriunda de Santiago del Estero se encuentra bajo la lupa de la Justicia federal, luego de que se comprobara que utilizó de forma indebida datos fiscales de varios gobernadores para realizar compras de indumentaria en el exterior.
Entre los damnificados nuevos se encuentra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien fue uno de los primeros en denunciar el hecho el pasado 10 de marzo, tras descubrir que su identidad había sido utilizada sin autorización en una compra internacional realizada en octubre de 2024. La mercadería fue enviada a un domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la empresa de correo privada FedEx.
El caso tomó mayor trascendencia cuando la Justicia de Tucumán, en el marco de una denuncia similar presentada por el gobernador Osvaldo Jaldo, solicitó un testimonio ampliado de Orrego. En su declaración, el mandatario sanjuanino confirmó que la artista santiagueña había usado su información fiscal para adquirir ropa sin su consentimiento.
Las pesquisas judiciales revelaron que la maniobra se habría repetido con los datos de otros jefes provinciales, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
La cantante, de 27 años, inició su carrera musical como parte del grupo “Dame 5” y desde 2021 desarrolla su proyecto como solista. Con una amplia presencia en redes sociales como Instagram y TikTok, donde acumula miles de seguidores, la artista enfrenta ahora acusaciones por falsificación de documentos, evasión fiscal y uso indebido de información protegida.
En declaraciones a medios nacionales, la joven reconoció el hecho, aunque sostuvo que “no hubo fines comerciales” y calificó su accionar como un “error imprudente”. Negó rotundamente haber vendido las prendas importadas y aseguró no tener vínculos políticos con ninguno de los damnificados, según su defensa.
La investigación, a cargo del fiscal José Agustín Chit, de la Fiscalía Federal N°3, avanza con nuevas medidas, entre ellas el allanamiento del domicilio de la artista en el barrio porteño de Núñez. Su abogada, Claudia Paz, declaró que su defendida “está dispuesta a colaborar con la Justicia” y no descartan que el caso derive en multas o sanciones civiles.