La Justicia añatuyense se encuentra abocada a investigar el calvario que develó una mujer de 36 años y domiciliada en una localidad del departamento Avellaneda, la cual era obligada por su marido a mantener relaciones con otros hombres mientras él miraba, y cuando ella se negaba a dichas prácticas sexuales era agredida y torturada por el sujeto.
Tras la denuncia de la víctima, realizada el 1 de abril del corriente año, luego que lograra escapar de la casa, se inició una investigación que está a cargo de la Dra. Cecilia Rímini -integrante de la Unidad Fiscal para la Circunscripción Añatuya- quien en principio imputó al sujeto el delito de lesiones calificadas, aunque después le amplió la acusación endilgándole el delito de promoción y facilitación a la prostitución.
El crudo relato de la víctima
La damnificada relató que durante varios años fue obligada a cumplir las fantasías de su esposo, quien la hacía mantener sexo con tres y hasta con cuatro hombres, que según se estableció son oriundos de Lugones y Villa Mailín, como también con un sujeto de origen colombiano que vende muebles en la zona.
Reveló que cuando ella se negaba a tales prácticas sexuales, el inculpado le aplicaba golpes de puño, le echaba agua helada, la hacía dormir completamente desnuda, o impedía que ella pudiera dormir para lo cual le encendía reflectores para que la luz le diera en la cara.
En el marco de la investigación, la fiscal convocó a los protagonistas de tales encuentros sexuales, a efectos de que brinden testimonio, y admitieron que sí tuvieron dichas prácticas pero indicaron que habían sido contactados -mediante Facebook- por la mujer, a lo cual ella sostiene que fue obligada a hacerlo por su esposo.
Piden la preventiva
En una audiencia realizada ante la Dra. Gladis Liliana Lami -jueza de Control y Garantías para dicha jurisdicción- la fiscal Rímini solicitó que se dicte la prisión preventiva para el inculpado, a lo cual la defensa de este -ejercida por el Dr. Gabriel Tolosa- se opuso, planteando que no se satisfacían los requisitos de ideoneidad, legitimidad y completitud para la procedencia de la prisión preventiva.
En cuanto a la imputación sexual el letrado afirmó que no había suficientes evidencias, y que solo había verbalización, sin otro elemento fundante.
Además impugnó el secuestro de los teléfonos y la pericia psicológica, por entender que viola la garantía del control por parte del imputado y además en cuanto a la parte psicológica no puede ser el imputado objeto de prueba.
Tras escuchar los planteos de las partes, la jueza decidió diferir la resolución para próximos días.
