Los ministros de Interior de los países de la Unión Europea (UE) mantenían hoy difíciles negociaciones en Luxemburgo sobre una reforma del sistema de asilo, un asunto sobre el que persisten claras diferencias a pesar de las interminables negociaciones.
La comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, recordó que "han pasado tres años" desde que su equipo presentó una propuesta de reforma del sistema de asilo, y pidió a los ministros recorrer "los últimos metros para llegar hoy a un acuerdo".
Una vez finalizada la pandemia del coronavirus, los países de la UE volvieron a experimentar un aumento de llegadas de inmigrantes a su territorio.
A esto, además, ahora se le suman unos 4 millones de ucranianos que se encuentran refugiados en el bloque, debido a la guerra con Rusia que estalló el 24 de febrero de 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania.
Pese a estas demandas, recientes éxitos electorales de la derecha y la extrema derecha en diversos países del bloque parecen apuntar a una tendencia dominante hacia una política migratoria cada vez más restrictiva.
Suecia, que ocupa la presidencia semestral del Consejo de la UE, presentó propuestas de compromiso sobre dos textos clave del Pacto Migratorio europeo.
Uno de ellos prevé una solidaridad europea obligatoria pero "flexible".
A partir de esa propuesta, los países del bloque estarían obligados a recibir a un determinado número de solicitantes de asilo que lleguen a otro país de la UE sujeto a presión migratoria o, en su defecto, a realizar una contribución financiera.
Los debates plantean una compensación económica de unos 20.000 euros por cada solicitante de asilo no reubicado, según varias fuentes diplomáticas, informó la agencia de noticias AFP.
La división central está entre los países mediterráneos de primera llegada, como Italia, a los que les gustaría reubicaciones automáticas en otros países, y otros como Hungría o Polonia, que se niegan a que se les imponga la recepción de los solicitantes de asilo.
La solución de la compensación fue criticada hoy por ambos lados.
El representante polaco, Bartosz Grodecki, calificó la contribución financiera como una "multa" que "no será aceptada por los ciudadanos".
A su vez, el ministro italiano Matteo Piantedosi advirtió que era "difícil aceptar" el compromiso y expresó sus "dudas" sobre la implementación práctica del sistema de reubicación y las contribuciones financieras.
El otro texto presentado a los ministros obliga a los Estados de la UE a implementar un procedimiento acelerado de examen de solicitudes de asilo de un determinado número de inmigrantes que tienen menos posibilidades estadísticas de obtener estatus de refugiado.
Italia pide que los solicitantes de asilo rechazados puedan ser devueltos a países "seguros" por los que transitaron, incluso si no existe un vínculo particular entre el migrante y este país. Alemania, por otro lado, rechaza esa idea.
