Domingo de revelaciones: en medio del escándalo destapado por Sergio Chodos, que culpó (sin nombrar) a Hernán Lacunza, Guido Sandleris y Alfonso Prat Gay de atentar contra la economía del país al intentar trabar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado penalmente por nada menos que espionaje, algo común en las filas del macrismo con el que recientemente rompió.
El fiscal que avanza con las investigaciones, Sergio Rodríguez, apuntó directamente contra Larreta y contra el Registro Nacional de Personas (Renaper), por la recolección injustificada de información provista por este último organismo nacional. De acuerdo a las propias palabras de Rodríguez, el gabinete porteño realizó más de 18 millones de consultas en el sistema "sin una justificación racional", y las personas que encabezan la lista de búsquedas conducen a un único y evidente objetivo: espionaje.
Los datos biométricos más solicitados fueron los de Cristina Fernández de Kirchner, seguida por el policía porteño desaparecido, Arshak Karhanyan, y el presidente Alberto Fernández. En el amplísimo historial de consultas también se encuentran figuras de organizaciones de derechos humanos, como Estela de Carlotto y la fallecida Hebe de Bonafini, de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo; el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y el precandidato a presidente Juan Grabois.
Ni siquiera sus propios "amigos" y cercanos se salvaron de esta operación ilegal, ya que también fue consultada información de Elisa Carrió, Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Gerardo Morales y Javier Milei.
Esto conforma un delito particularmente grave recogido en el artículo 157 del código penal, de carácter de acción pública, que puede derivar en una eventual inhabilitación de ejercicio de función pública al autor delictivo.
El fiscal Rodríguez también imposibilitó una réplica por parte del Gobierno porteño, ya que la cantidad de consultas es totalmente exorbitante comparada con los registros que se mantenían en la base de datos de Consulta Nacional provista por el Renaper, a quien también denunció: en 2020, era de tan solo 40 mil registros. Matemáticamente, con 18 millones de consultas se podría haber visto cada uno de esos registros unas 450 veces, aunque las búsquedas, como expuso, no fue de personas buscadas por la Justicia, sino del arco político.
Con estos sólidos argumentos, Rodríguez inició un sumario administrativo al Renaper por el manejo irresponsable y descontrolado de sus bases de datos y al Gobierno porteño, encabezado por Larreta, por "violación de secretos", uno de los tantos delitos encasillados dentro del espionaje.
Hasta el momento, el gabinete no expidió ni un solo comentario sobre esta salvaje operación destapada en el mismo día que otro, no menos importante, sabotaje macrista.
Por Facundo Xavier Ferrera Flores, para Nuevo Diario
