Durante más de cuatro años, el alcalde de Milán, el progresista Giuseppe Sala, había permitido que se inscribieran los nombres de los dos progenitores en los certificados de nacimiento de los hijos de parejas homosexuales. Hasta ahora había registrado unos 400 infantes. Pero ya no lo podrá hacer, por orden del ministro del Interior, Matteo Piantedosi, que ha mandado una carta a través de la delegación del Gobierno en la que le pide que deje de hacerlo basándose en una ley del 2004 sobre la procreación médicamente asistida, que en este país solo se permite a parejas de diferente sexo.
La semana pasada, cientos de personas protestaron en la ciudad lombarda contra lo que la comunidad LGTBI italiana ve como una gran discriminación contra el colectivo, una manifestación de la que formó parte la nueva líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein.
El Senado italiano también acaba de rechazar la propuesta de Bruselas del Certificado Europeo de Paternidad, para que todos los países de la Union Europea reconozcan automáticamente la paternidad establecida y legal en otro Estado miembro, incluidas la de familias LGTBI.
El Ejecutivo frena a los alcaldes que registraban a los niños con el nombre de los dos progenitores.
Bajo el gobierno de Matteo Renzi, Italia legalizó las uniones civiles homosexuales en el 2016, pero todavía no ha aprobado el matrimonio igualitario. Y, como la responsabilidad legal de un hijo no biológico solo se puede garantizar en este país a través del matrimonio o de la adopción, las parejas homosexuales que conciben a través de la reproducción asistida o la gestación subrogada en el extranjero se encuentran en un limbo legal cuando regresan a casa con sus hijos. Por ejemplo, no les pueden transmitir la ciudadanía –para las parejas gays que recurren a la gestación subrogada en países como EE.UU. o Canadá– o designarlos como sus herederos automáticamente.
Algunos alcaldes progresistas, como Sala o la exalcaldesa de Turín, Chiara Appendino, decidieron actuar frente a este vacío registrando ellos mismos en sus ayuntamientos a estos niños. Ahora ese alcalde ya no lo podría hacer, según el Gobierno de Meloni, porque la circular especifica que solo “el progenitor que tenga vínculo biológico con el nacido” puede mencionarse en el acta de nacimiento y no se permite la “transcripción de actas de nacimiento emitidas en el extranjero”.
El caso ya se ha convertido en una polémica política para el Ejecutivo de Giorgia Meloni, que nunca ha ocultado su rechazo a la “ideología de género” ni que su modelo de familia es el tradicional. La encargada de defender estas ideas en el gabinete es la ministra de Igualdad de Oportunidades y Familia, Eugenia Roccella, una conocida conservadora quien justificó en una entrevista televisiva que la gestación subrogada es un “mercado de niños” y defendió que lo adecuado es “un padre y una madre”. El incendio se ha avivado por las declaraciones del diputado de Hermanos de Italia Federico Mollicone, quien, para apoyarla, consideró que “la gestación subrogada es un delito más grave que la pederastia”.
Con información de La Vanguardia
