El presidente brasileño Lula da Silva calificó de “acto antidemocrático” las manifestaciones golpistas que tuvieron lugar ayer en varias sedes gubernamentales de Brasilia, prometió averiguar quién financió el accionar de los radicales bolsonaristas y anunció la intervención federal de la ciudad capital.
“Todos deben estar al tanto de la barbarie que tuvo lugar este domingo en Brasilia. Aquellas personas a las que llamamos fascistas, que son lo más abominable de la política, invadieron el Palacio y el Congreso. Creemos que hubo una falta de seguridad”, aseveró Lula desde Sao Paulo, a donde viajó durante el fin de semana para inspeccionar los daños causados por la lluvia en esa región.
“Quien haya hecho esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados”, agregó el líder del Partido de los Trabajadores, quien además anunció la intervención federal de Brasilia.
“Y vamos a averiguar quiénes son los financistas de los que fueron hoy a Brasilia, y todos pagarán con la fuerza de ley”, aseguró.
Además, Lula apuntó directamente contra Jair Bolsonaro y sus discursos de odio. “Aprovecharon el silencio del domingo, cuando todavía estamos formando el gobierno, para hacer lo que hicieron. Y saben que hay varios discursos del expresidente alentando eso. Esa es también su responsabilidad y la de los partidos que lo apoyaron”, señaló.
En las próximas horas, Lula regresará a Brasilia para seguir de cerca los acontecimientos. El decreto de intervención federal en el Distrito Federal regirá hasta el 31 de enero de 2023. La intervención se limitará al ámbito de la seguridad pública.
Lula, quien está de visita en el interior del estado de Sao Paulo, no se encontraba en Brasilia. El mandatario nombró como interventor a Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, quien será el responsable de toda el área de Seguridad en la capital hasta el próximo 31 de enero y estará subordinado directamente al presidente. Con la intervención, los órganos de Policía de la capital pasan a estar controlados por el interventor, que a su vez solo responde ante Lula.
