Primero fue la cúpula de la Unión Europea (UE) y ahora el Gobierno de Francia. Con el apoyo de ambos crece la discusión en Europa de un tribunal especial ad hoc para juzgar a funcionarios de Rusia por las crecientes denuncias de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos en el marco de la invasión a Ucrania, que ya lleva más de nueve meses, decenas de miles de muertos y millones de desplazados y refugiados.
La propuesta, que busca emular las experiencias de los años 90 después de las guerras de los Balcanes con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia o tras el genocidio en Ruanda con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ya fue rechazada por Rusia, quien adelantó que no reconocerá la legitimidad ni la jurisdicción de un cuerpo de este tipo para juzgar a sus ciudadanos.
"En cuanto a los intentos de establecer algún tipo de tribunal: no tendrán legitimidad, no serán aceptados por nosotros y los condenaremos", sentenció este jueves el vocero del Gobierno de Putin, Dmitry Peskov, en una conferencia de prensa, según la agencia de noticias Reuters. Pese a ello, el Gobierno de Emmanuel Macron se hizo eco de la propuesta de este miércoles de la presidenta de la Comisión Europea, una suerte de Poder Ejecutivo de la UE, y anunció que estaba trabajando con sus socios europeos para redactar una iniciativa formal que debería ser votada en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde, sin embargo, Rusia tiene poder de veto. Además, a diferencia de lo que sucedió con los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda, el cuerpo difícilmente tendrá el poder o apoyo político internacional para poder sentar a los acusados en el banquillo o tenerlos bajo custodia durante todo el juicio.
De todas maneras, los promotores sostienen que una condena en ausencia contra altos funcionarios del Gobierno ruso por crímenes de guerra tendría un fuerte impacto en la comunidad internacional. Además, argumentan que como Rusia no es firmatario del tratado base de la Corte Penal Internacional -como sucede también con otros países como Estados Unidos, China e Israel-, esta sería la única manera de que un tribunal internacional pueda juzgar los crímenes cometidos por sus ciudadanos en territorio ucraniano.
Ucrania venía pidiendo la creación de un tribunal especial desde abril, apenas dos meses después de iniciada la guerra. Sin embargo, solo había conseguido apoyo de algunos de sus vecinos europeos más próximos: Polonia y los países bálticos. Esta semana, luego de una nueva visita de funcionarios ucranianos a Francia, el clima político parece haber cambiado en el corazón de la UE.
A finales de septiembre, la Comisión Independiente Internacional de Investigación sobre Ucrania creada por la ONU presentó su primer informe sobre la evidencia que había reunido de presuntos crímenes en las regiones de Kiev, Jarkov, Sumy y Chernikov. En su mayoría se trataba de denuncias contra las fuerzas rusas de ocupación y las milicias separatistas pro rusas. "Basado en la evidencia que encontramos hasta ahora, encontramos después de investigar en estas cuatro regiones, que se cometieron crímenes de guerra en Ucrania", sentenció Erik Mose, el titular de la comisión, y destacó ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, incluso contra niños.
La invasión rusa en Ucrania provocó el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 6 millones de desplazados internos y un número similar de refugiados, la mayoría en los países europeos vecinos, según la Organización Internacional para las Migraciones, y más de 6.500 civiles muertos, según la ONU, aunque esta organización internacional reconoce que esta última cifra seguramente es mucho mayor.
