El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que España violó los derechos políticos de ex miembros del Gobierno y del Parlamento de Cataluña al suspenderlos de sus funciones públicas, previo a la existencia de una condena, tras el referéndum independentista de 2017.
El Comité ha publicado su dictamen tras examinar una denuncia presentada por Oriol Junqueras, ex Vicepresidente de Cataluña, y tres exconsejeros, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull.
En octubre de 2017, el Parlamento de Cataluña celebró un referéndum de independencia a pesar de la suspensión emitida por el Tribunal Constitucional y de la intervención policial. Pocos días después, el Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad tanto de la ley como del referéndum. Sin embargo, el Parlamento de Cataluña declaró la independencia, señala la ONU.
Junqueras y los tres consejeros fueron procesados, junto con otros líderes, por el delito de rebelión, que exige un alzamiento violento contra el orden constitucional y, en julio de 2018, fueron suspendidos de sus cargos como diputados de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios solo cuando se les acusa de rebelión.
Sin embargo, en octubre de 2019, los cuatro fueron condenados por el delito de sedición que, a diferencia del de rebelión, no exige el elemento de violencia, levantándose consecuentemente la suspensión en su contra.
Tomando nota de que los cuatro denunciantes habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica, el Comité de Derechos Humanos considera que la acusación por el delito de rebelión, que resultó en la suspensión automática de sus cargos con anterioridad a la existencia de una condena, no era previsible y, por tanto, no se basaba en motivos previstos por la ley que sean razonables y objetivos.
