Un grupo de vecinos hizo justicia por mano propia al quemar vivos a tres sospechosos de haber secuestrado y descuartizado a un nene de 11 años. Este episodio ocurrió en Huehuetenango, a 270 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
Los tres sospechosos, dos de 24 y uno de 38 años, estaban en manos de la policía, cuando los vecinos los capturaron. Tras golpearlos, les tiraron gasolina y los quemaron vivos hasta que murieron calcinados. Luego, arrojaron los cuerpos sin vida adentro de una camioneta. Además, prendieron fuego una de las casas de los secuestradores.
Según informaron los efectivos policiales, los tres hombres habían secuestrado el pasado 11 de agosto al nene cuando se dirigía a la escuela a estudiar. El menor había sido captado por los criminales con el objetivo de que sus padres paguen el rescate de alrededor de 3 millones de pesos.
Los padres lograron juntar apenas la mitad de lo exigido por los secuestradores y les entregaron el dinero. Sin embargo, a pesar que los secuestradores recibieron el pago, no devolvieron al chiquito a su casa, sino que lo asesinaron y lo enterraron en una fosa séptica de aproximadamente tres metros. Esto generó gran indignación entre los habitantes del lugar.
En este contexto, las autoridades de Guatemala informaron que los tres cuerpos de los presuntos secuestradores fueron encontrados en una camioneta pickup totalmente carbonizados. Es por eso que, la Fiscalía Distrital de Huehuetenango, inició una carpeta de investigaciones.
La tasa de homicidios en Guatemala
Según datos del ministro de Gobernación, el índice de criminalidad en Guatemala en 2022 se encuentra entre 16 y 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el Grupo de Apoyo Mutuo reveló en el Informe de Violencia Homicida que la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes alcanza 29 víctimas.
A su vez, la Fiscalía del país centroamericano, reveló que en lo que va de año, se contabilizaron 45.996 denuncias de hechos delictivos cometidos contra la niñez y las mujeres, entre ellos crímenes de violencia sexual, lo que representa el 27% de las denuncias presentadas en el sistema judicial.
