Un nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió este martes que los crecientes niveles de violencia por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales en las zonas rurales de Colombia tienen un impacto devastador, sobre todo en las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los líderes comunitarios y los defensores de las garantías fundamentales.
Según el estudio, la violencia disminuyó tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, pero ha repuntado en los dos últimos años dado el involucramiento de los grupos fuera de la ley en actividades como el narcotráfico y la minería ilegal, que les ha permitido ampliar su presencia en varias regiones.
De cara a la toma de posesión de un nuevo gobierno en el país el mes próximo, la Oficina de la ONU afirmó que combatir esa violencia debe ser una prioridad impostergable, señala la ONU.
Entre otras medidas, la ONU pide a la nueva administración que garantice la aplicación plena del Acuerdo de Paz, incluida la búsqueda de la sustitución voluntaria de los cultivos de coca.
En 2021, la ONU en Colombia verificó cien asesinatos de activistas de derechos humanos, y en la primera mitad del año en curso, recibió denuncias de 114 asesinatos más, de los cuales ha comprobado 22 hasta el momento.
